miércoles, 25 de agosto de 2010

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CNCiv sala C documento extranjero

Cámara Nacional Civil, sala C (30/11/2000) Isleño, Nilda E.


2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, noviembre 30 de 2000.- Considerando: I. El pronunciamiento de f. 182, mantenido a f. 186, ordena que previo a la aprobación del testamento redactado en Nueva York (EE.UU.), debe acreditarse qué formas son requeridas por las leyes del referido Estado. La decisión motiva los agravios que se formulan a fs. 183/5. La Fiscalía de Cámara dictamina a fs. 194/5 y propicia la confirmatoria del decisorio apelado.
II. El juez competente en el proceso sucesorio es quien debe apreciar los elementos de juicio y pronunciarse sobre la acreditación o no de la ley extranjera, cuyo cumplimiento se invoca por la apelante.
Frente a la determinación de la competencia de la justicia argentina para conocer en este proceso, cabe concluir que es la magistrada actuante quien tiene atribuciones para apreciar si se ha probado debidamente la ley aplicable para declarar válido en cuanto a sus formas el testamento obrante a f. 137 (C. Nac. Civ., sala C, in re, "Mandl, F. s/sucesión", del 6/4/1982, ED 100-246, con nota de Werner Goldschmidt).
En coincidencia con lo expuesto por la magistrada, criterio avalado por la Fiscalía de Cámara, el tribunal entiende que en el caso no aparece acreditado debidamente que el testamento otorgado por la causante lo haya sido conforme las leyes del Estado extranjero en que se redactó, circunstancia que determina el fracaso del recurso interpuesto.
III. La apelante afirma -reiterando los argumentos expuestos en la instancia anterior- que "ha dado efectivo cumplimiento a todos los requisitos formales que por ley se exigen para que el testamento de autos sea debidamente homologado (sic), así se ha dado cumplimiento incluso la "apostille". Dicha modalidad de legalización suple cualquier otra legalización..." (f. 183); por tanto, entiende que "...la exigencia de una legalización atenta directamente contra la Convención de La Haya sobre supresión de legalización de los documentos públicos extranjeros, debidamente ratificada por nuestro país..." (fs. 184 vta.).
En contrario de lo expuesto, la resolución en análisis no colisiona con los principios sentados por la Convención que suprime la legalización de los documentos públicos extranjeros y su anexo, adoptada en La Haya el 5/10/1961 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y aprobada por la ley 23458.
Dispone el art. 2 de la citada Convención: "Cada Estado contratante eximirá de la legalización a los documentos a los que se aplique la presente convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización según la presente convención sólo consistirá en la formalidad por la cual los funcionarios diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio debe ser presentado el documento certifican la autenticidad de la firma, el carácter con que actuó el signatario del documento, y, de corresponder, la identidad del sello o timbre que lleva el documento".
Sobre el punto expresa textualmente María E. Uzal en "La legalización de documentos públicos extranjeros. Su supresión por la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961" (ED 129-700/1 129-700/1): "La parte 2ª de la norma proporciona una verdadera calificación autónoma de derecho internacional privado de lo que ha de entenderse por `legalización' a los fines que nos ocupan. El significado atribuido se halla referido solamente a la supresión de la legalización efectuada a través de los agentes diplomáticos y consulares del país en el cual el documento ha de ser presentado, completándose la disposición con una limitativa enumeración de los efectos atribuidos a esa formalidad en el convenio (autenticidad de las firmas, carácter en el que actuó el signatario del documento, en su caso, identidad del sello o timbre). No se hallan comprendidos otros efectos más amplios atribuidos a la legalización en algunos Estados (Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania) que, por ejemplo, permiten certificar sobre la competencia del oficial público o la validez de la ley del lugar de otorgamiento exigiendo, obviamente, una tarea adicional".
Sobre la base de lo expuesto, es claro que a la "apostille" glosasa a fs. 168/9 en modo alguno se le puede atribuir el alcance que la recurrente intenta. El citado documento sólo refiere a la persona del escribano actuante, no pudiendo interpretarse por tanto que suple la exigencia prevista tanto en el art. 13 CCiv. citado como en el art. 377 CPCCN.
De ahí que, previo a la aprobación del testamento, de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara, deberá acreditarse que ha sido redactado conforme a la legislación del país en que se realizó el acto, tarea de incumbencia de la recurrente, que no excluye la intervención de la juzgadora, atento la facultad que confiere el párr. 3º del art. 377 citado.
Por las consideraciones precedentes, disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara, se resuelve: confirmar el decisorio de f. 182. Con costas de la alzada en el orden causado, atento a que no medió sustanciación (art. 68 CPCCN.).- Jorge H. Alterini.- José L. Galmarini.- Fernando Posse Saguier.


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CNCiv sala E requisitos exhorto diplomatico

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H (18/04/1996). Remus, Alfonso A. c. Gradin, Mariano y otros.


2ª Instancia. -- Buenos Aires, abril 18 de 1996.

Considerando: I. Las presentes actuaciones fueron elevadas al tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 148/151 contra la providencia dictada a fs. 140 vuelta.

En la decisión impugnada la a quo consideró que los planteos propuestos a fs. 135/139 excedían el alcance del exhorto, y por ello ordenó al peticionante ocurrir por ante quien correspondiese. Sin embargo, el apelante insiste en que la declaración de ineficacia requerida a fs. 135/139 respecto de la cédula de notificación agregada a fs. 142 debe ser examinada en el ámbito del presente proceso, pues es precisamente el juez exhortado quien debe decidir todos aquellos planteos que se vinculen con el debido cumplimiento de la orden impartida por el magistrado extranjero requirente. Por ello, solicita que se revoque el auto recurrido y que la Cámara, en uso de las atribuciones conferidas por el ordenamiento procesal vigente, se pronuncie sobre la admisibilidad del pedido formulado a fs. 135/140.

II. El objeto de presente exhorto diplomático consiste en la realización de los actos de notificación necesarios para poner en conocimiento de los interesados la citación dispuesta por el magistrado requirente. La condición de tal ha sido certificada por la autoridad de aplicación, según las apostillas que constan a fs. 3 vuelta.

En tal contexto, las cuestiones que se refieren al cumplimiento de los recaudos formales solicitados por el magistrado requirente, están íntimamente relacionadas con la efectivización de la medida dispuesta, y por ello corresponde al juez local requerido --en su carácter de órgano ejecutor-- conocer sobre aquéllas (CS, 6/5/70, ED, 32-126). Ese mínimo grado de conocimiento, compatible con el carácter especial del procedimiento aplicable, resulta indispensable para establecer si lo solicitado ha sido cumplido en debida forma.

Del mismo modo, incumbe al juez exhortado el previo e implícito examen de legalidad de las medidas cuya efectivización se le requiere. Ese examen consiste en determinar si se cumplen las normas argentinas sobre jurisdicción internacional, y a confrontar el objeto del pedido con los principios de orden público que informan el ordenamiento jurídico local (conf. arts. 132, segundo párrafo, Cód. Procesal, y 3°, Convención de La Haya de 1896).

El orden público ha sido definido como un "conjunto de principios eminentes (...) a los cuales se vincula la digna subsistencia de la organización social establecida" (conf. Llambías, "Tratado de Derecho Civil Parte General", Ed. Perrot, Buenos Aires, 1982, t. I, p. 158, N° 184). Vale decir, entonces, que el orden público alude a una categoría de disposiciones de fundamental interés para el pueblo, para la Nación y para el conjunto de la sociedad.

En esa inteligencia, las autoridades argentinas están facultadas para examinar si se encuentran satisfechos los requisitos formales que deben reunir los exhortos que les son remitidos por jueces extranjeros. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que el exhorto extranjero debe contener, entre otros, los siguientes requisitos: 1) derecho: debe inferirse con claridad el derecho invocado por el requirente; 2) resolución: debe expresarse que se ha dispuesto acordar la medida solicitada; 3) orden público: constituye una condición sustancial de procedencia que la resolución cuyo cumplimiento se peticiona no afecte el orden público interno del país requerido (6/5/70, ED, 32-126 y LA LEY, 140-824).

Atendiendo a esas premisas, y dado que el planteo introducido a fs. 135/140 se vincula con el examen de legalidad propio del juez exhortado, corresponde pronunciarse sobre los temas propuestos en el ámbito del presente proceso. De ahí, que asiste razón al apelante en lo atinente a las críticas vertidas contra el auto dictado a fs. 140 vuelta.

En esas condiciones, corresponde advertir que cuando el interesado ataca lo resuelto en la instancia anterior y solicita que la Cámara se expida sobre la cuestión desestimada por el a quo, ello revierte al tribunal de alzada la totalidad de su jurisdicción, de modo que al analizar ampliamente los extremos debatidos en el caso, aquél ejerce en forma normal la competencia apelada (CS, 8/3/77, Fallos: 297:130). Por ello, en aquellos supuestos en que se revoca lo decidido en primera instancia, asiste a la Cámara la facultad de considerar en forma expresa y fundada la defensa articulada subsidiariamente y que no fue abordada en la instancia de origen por el modo en que se resolvió la cuestión. Tal temperamento se impone con mayor rigor si, como en el caso, el peticionante insistió sobre el punto al expresar agravios.

II. Pues bien, como señala la Fiscal a fs. 157, en el sub lite resulta aplicable la "Convención sobre procedimiento civil adoptada el 1/3/54 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado", que fue aprobada por la República Argentina mediante la ley 23.502. El art. 8° del convenio dispone que en materia civil o comercial, la autoridad judicial de un Estado contratante de acuerdo con las disposiciones de su legislación, podrá dirigirse mediante exhorto a la autoridad competente de otro Estado contratante, pidiéndole que ejecute dentro de su jurisdicción un procedimiento u otros actos judiciales. A su vez, el art. 11 establece que la ejecución del exhorto sólo podrá ser denegada si no se establece la autenticidad del documento; si en el Estado requerido, la ejecución del exhorto no está incluida dentro de las atribuciones del Poder Judicial; o cuando el Estado en cuyo territorio aquél debe ser ejecutado considera que atenta contra su soberanía o su seguridad.

A criterio de la sala, no se configuran en el caso ninguno de los supuestos a los que alude el mentado art. 11, ni se advierte lesión alguna al orden público local. De tal forma, la decisión de la a quo de dar curso a la presente rogatoria en los términos del art. 132 del Cód. Procesal, resulta correcta.

Sin embargo, distinta debe ser la conclusión respecto de la forma en que la citación fue ordenada por la magistrada de la instancia anterior. Ello es así, pues en la constancia incorporada a fs. 2, el magistrado requirente individualizó las copias que deberían acompañarse a la cédula a librar para poner en conocimiento del recurrente la mentada citación. En dicha constancia, se aludió a las copias de la demanda y documentos y de la cédula correspondiente, vale decir, a las actuaciones obrantes a fs. 2/81, pero en la providencia dictada a fs. 82 sólo se ordenó acompañar a la cédula copias de las actuaciones de fs. 2, 4, 7/12.

Toda vez que de la cédula agregada a fs. 142 no surge que la diligencia se hubiera efectuado de un modo distinto al establecido por la a quo en el auto de fs. 82, resulta evidente que la solicitud del juez extranjero no fue efectivizada en debida forma.

La irregularidad advertida en el cumplimiento del presente exhorto diplomático, pudo ser subsanada ordenándose nueva notificación a los mismos fines y efectos que la anterior, con la totalidad de las copias señaladas por el magistrado requirente, pero lo cierto es que tal temperamento se ha tornado abstracto a la fecha de la presente, ya que la audiencia para la cual se citaba al apelante fue fijada para el día 13 de junio de 1995. De modo que, en las condiciones en que se dicta el presente pronunciamiento, sólo cabe admitir el planteo del apelante con el alcance ut supra indicado.

III. En consecuencia, y a los fines que pudieran corresponder, el tribunal resuelve: Tener por no cumplida en debida forma la citación internacional requerida a fs. 2. Las costas de segunda instancia se imponen en el orden causado por las particularidades del caso y forma en que se decide. -- Marcelo J. Achával (en disidencia). -- Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna. -- Claudio M. Kiper.

Disidencia del doctor Achával:

Considerando: Para conocer sobre el recurso de apelación deducido contra la providencia simple dictada a fs. 140 vta., interpuesto y fundado a fs. 148/51.

I. Los planteos formulados por el apelante, vinculados al cumplimiento de los recaudos formales solicitados por el magistrado extranjero requirente, están íntimamente relacionados con la efectivización de la medida requerida, y por ello corresponde al juez local requerido --en su carácter de órgano ejecutor-- conocer sobre aquéllos (v. CS, 6/5/70, ED, 32-126), pues ese mínimo grado de conocimiento, compatible con el carácter especial del procedimiento aplicable, resulta indispensable para establecer, mediante la decisión de la jurisdicción, si el cometido ha sido cumplido en debida forma o no.

Igualmente, incumbe al juez exhortado el previo e implícito examen de legalidad de las medidas cuyo cumplimiento se le solicitan, que debe ceñirse a establecer si de la comunicación cursada surge que se encuentran cumplidas las normas argentinas sobre jurisdicción internacional, y a confrontar el objeto del pedido con los principios de orden público que informan al ordenamiento jurídico local (conf. arts. 132, segundo párrafo, Cód. Procesal y 3°, Convención de La Haya de 1896). El orden público, difícil de definir, ha sido conceptualizado como un "conjunto de principios eminentes... a los cuales se vincula la digna subsistencia de la organización social establecida" (conf. Llambías, "Tratado de Derecho Civil, Parte General", Ed. Perrot, Buenos Aires, 1982, t. I, p. 158, N° 184), y cita a Arauz Castex, para quien la expresión alude a una categoría de disposiciones de fundamental interés para el pueblo, para la Nación y para el conjunto de la sociedad.

Todo aquello que exceda los extremos mencionados precedentemente, se encuentra fuera del restringido y específico marco del trámite aplicable, y debe ser propuesto ante quien corresponda.

Por las razones expuestas, teniendo especialmente en cuenta la índole del proceso, y a fin de evitar una mayor demora (art. 34, inc. 5° aparts. "a" y "e", del ordenamiento legal citado) cabe en este estado expedirse sobre el fondo de los agravios introducidos, con las limitaciones señaladas supra.

II.a. El objeto del presente exhorto diplomático consiste en la realización de los actos notificatorios necesarios para poner en conocimiento de los interesados la citación efectuada por el magistrado requirente, cuya condición de tal ha sido certificada por la autoridad de aplicación, según las apostillas que constan a fs. 3vta. Tal proceder se encuentra comprendido dentro de las previsiones del art. 8° de la Convención sobre Procedimiento Civil (Conferencia sobre Derecho Internacional Privado, La Haya, 1/3/54, aprobada mediante ley nacional 23.502). El cumplimiento material de tales actos --único objeto de proceso, según lo dicho-- no compromete el orden público argentino ni se encuentra alcanzado por ninguna de las restantes causales de denegatoria contempladas por el art. 11 de la última convención citada, por lo cual resulta procedente acceder al pedido, como lo hizo el a quo, en los términos previstos por el art. 132 del Cód. Procesal.

Lo expuesto, por cuanto la notificación solicitada asegura el conocimiento real de la citación internacional cursada, satisfaciendo así el derecho de defensa del recurrente, acorde al objeto y carácter de la medida (art. 340, Cód. Procesal, de aplicación analógica). Por lo demás, su diligenciamiento (el día 2/5/95, v. fs. 142 vta.) guardó una antelación razonable respecto a la fecha de la audiencia fijada por el exhortante (para el día 13/6/95), por lo cual tampoco lo colocó "de hecho" en estado de indefensión.

Finalmente, de las constancias de fs. 7/12 --cuyas copias fueron agregadas a la cédula obrante a fs. 142, según resulta de fs. 129, pto. 2-- surge con suficiente claridad el objeto del proceso incoado en el extranjero.

b. Establecida así la procedencia del exhorto, corresponde encuadrar el pedido de ineficacia de la notificación, fundada en pretendidos defectos formales de la cédula, dentro de las previsiones del art. 149 del ordenamiento ritual. Conforme a esta última norma, corresponde declarar la nulidad de la notificación "siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado cumplir con los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica" (sic., artículo citado). Toda vez que de la pieza agregada a fs. 142 no surgen defectos de tal envergadura, pues posibilitó el conocimiento de la audiencia fijada por el juez español, corresponde desestimar el planteo.

No empece a ello la omisión de agregar copia de la totalidad de la documentación acompañada, pues la misma pudo consultarse con el acceso a las actuaciones, posterior a la presentación de fs. 135/40, que cabe inferir a partir de las constancias de fs. 150/1, y cuya falta en la cédula librada no reviste los alcances pretendidos, pues no se trata de la notificación del traslado previsto por el art. 339 del Cód. Procesal y tampoco del cumplimiento en este proceso de la carga impuesta por el art. 358 del mismo ordenamiento.

Por las razones expuestas y disposiciones legales citadas, el tribunal resuelve: sin perjuicio de señalar que la providencia apelada, omitió expedirse sobre los extremos mencionados, cabe: Desestimar el pedido de ineficacia de la notificación cursada. Con costas (art. 69, Cód. Procesal). -- Marcelo J. Achával.

CA del Noroeste del Chubut mandato extranjero

Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut (22/02/2005). Massimino, Víctor H

2ª Instancia. - Esquel, febrero 22 de 2005.
Considerando: 1. Que a fs. 52/55 vta., se agravia el recurrente por cuanto en la resolución que ataca se rechazan las excepciones de falta de personería y de defecto legal opuestas a fs. 35/39 contra el progreso de la acción.
Criticando la sentencia que impugna, en primer lugar y con respecto a la excepción de falta de personería, considera que el juzgador ha interpretado indebidamente la Convención de La Haya sobre supresión de la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros (ley 23.458).
Señala que, si bien la "apostille" es instrumento público, ello no significa que el documento al que la "apostille" se refiere también lo sea. Explica que existe un documento redactado en idioma español y al dorso del mismo una escritura en idioma extranjero, sin traducción, entendiendo que dicho documento no es un instrumento público por el mero hecho de que se le haya agregado la "apostille".
Observa que al dorso del documento redactado en español figura la firma de un notario, sin que pueda inferirse del texto en idioma extranjero cuál ha sido la intervención que le cupo. Sostiene que, conforme las leyes procedimentales y de fondo, dicha escritura en idioma extranjero debe ser necesariamente traducida a nuestro idioma nacional, puesto que así se podrá apreciar el verdadero contenido y sustancia de la intervención del notario. Se pregunta si la intervención de dicho notario ha sido la de certificar simplemente la firma de la persona que suscribe el documento y, si fuere el caso, si dicha mera y simple certificación de firma convierte al instrumento en un instrumento público.
Agrega el apelante que el instrumento público es la "apostille", y no necesita traducción, mas el instrumento privado, aun con la intervención de un notario, no sólo requiere de traducción sino que tal circunstancia no lo convierte en un instrumento público: al no haber traducción alguna al idioma nacional, se desconoce la naturaleza del acto celebrado.
Refiriéndose al art. 979, inc. 2 del Cód. Civil, manifiesta que el acta de certificación de firmas es instrumento público, pero que ello no convierte al documento privado cuyas firmas se certifican en instrumento público. Entiende que el instrumento privado intervenido por el notario no reúne mínimamente los requisitos necesarios para que en éste país pueda ser considerado como un Poder General para Juicios.
Sostiene que resulta de plena aplicación el art. 1184 del Cód. Civil, el cual debe armonizarse con los arts. 979 y ss., y 997 y ss. del mismo ordenamiento. Considera que el a quo se equivoca al confundir un instrumento privado con una escritura pública, forma ésta que deben revestir los poderes generales que se presenten en juicio.
En definitiva, toda vez que los documentos acompañados por la actora en la presente causa no reúnen los referidos requisitos -no se encuentran redactados en idioma nacional, ni traducidos, ni formalizados en escritura pública-, a criterio del recurrente, son inadmisibles, inválidos, ineficaces y nulos como para acreditar la personería invocada por la actora.
2. Que, en segundo lugar, el apelante se agravia por cuanto el Juez de Primera Instancia no hace lugar a la excepción de defecto legal. Así, luego de conceptualizar la mencionada excepción y referirse a los requisitos que la misma exige, señala que la actora no procede a identificarse plenamente, lo que le impide conocer quién se encuentra ejerciendo la acción, como sujeto activo del proceso.-
Expresa que el actor se presenta en la presente causa con un instrumento privado que acompaña a la demanda titulado "Poder General Judicial", figurando como otorgante Francisco Alexandre Da Silva "Figuereido" y como firmante "Figueiredo". Señala que la diferencia en el dato de identidad no resulta ser menor, toda vez que puede referirse a dos personas distintas, de las cuales una sola puede detentar derecho para accionar, careciendo la otra de todo derecho o acción.
Agrega además que, a los efectos de la identidad del actor, existen diferencias en la identificación del pasaporte en distintos documentos. Considera que, a raíz de ello, no pudo hacer uso de la excepción de falta de acción, por cuanto resulta prioritario que se acredite debidamente la identidad de la persona que actúa en el proceso.
3. Que resumidos del modo precedente los agravios del apelante, corresponde a este Tribunal expedirse sobre los mismos a fin de dar debido fundamento a su pronunciamiento.
Así, ante todo debe tenerse en cuenta que, para el Derecho Internacional Privado argentino, cabe distinguir por un lado la forma y por otro la sustancia del mandato. Desde el punto de vista de la forma del acto, el art. 12 del Cód. Civil establece que las formas y solemnidades de los contratos se rigen por las leyes del país en que se hubieran celebrado. De manera que, al respecto, en nuestro derecho positivo rige el principio locus regit actum o lex loci (arts. 950 y 12 CC; CNCiv., sala I, Expte. 79.483 del 9-3-90 y sus numerosas citas). En cambio, la sustancia del acto formal, su existencia y validez, como así también sus efectos, se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. En efecto, el art. 1209 del mismo ordenamiento establece que "los contratos celebrados en la República o fuera de ella, que deban ser ejecutados en el territorio del Estado, serán juzgados en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones por las leyes de la República, sean los contratantes nacionales o extranjeros". Vale decir, los efectos de los mandatos otorgados en el extranjero para ser desempeñados en el país, se rigen por la ley argentina (conf.: Goldschmidt, Werner, Derecho Internacional Privado, n° 234; Boggiano, Antonio, Derecho Internacional Privado, t. II, p. 667; "Frederik Parker Limited c. Villa, o Villa y Egea", del 9-3-90, reproducida por Noodt Taquela, en Derecho Internacional Privado, Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 104 y ss.), y es dicha ley, además, la que califica si la forma impuesta se encuentra cumplida a través de la reglamentación que se efectúa en el lugar de otorgamiento (conf. Goldschmidt, Derecho Internacional Privado, 5° ed., Buenos Aires, Depalma, 1985, n° 277, p. 256; CNCiv., sala I, resolución citada y Perugini, en cita allí efectuada).
4. Desde esta doble perspectiva, y concebido el mandato como acto jurídico, cuadra analizar la eficacia del poder a fs. 6/7.
En cuanto al aspecto formal, se destaca que el poder acompañado en autos ha sido otorgado ante notario público de la ciudad de Altdorf, Cantón de Uri, Confederación Helvética, y se encuentra con la correspondiente "Apostille" según la Convención de La Haya de 1961 que suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, aprobada por la ley 23.458. Desde este punto de vista, el poder acompañado no merece objeciones.
Desde otro ángulo, la validez intrínseca y los efectos del poder, quedan -como se señaló- sometidos a la ley del lugar de ejercicio, por aplicación analógica de los arts. 1209 y 1210 del Cód. Civil. Y, al respecto, el acompañado cumple con la forma impuesta por la ley argentina, pues se trata de un instrumento público, que resulta suficiente para cumplir la exigencia del art. 1184, inc. 7) del Código Civil, en tanto el acto ha sido otorgado en el extranjero (arg. art. 1211 del Cód. Civil y su nota). Por otra parte, la intervención de notario en dicho país genera una presunción iuris tantum de que ha sido realizado de conformidad con las leyes del país de celebración (conf. Goldschmidt, Werner, op. cit., p. 234; Malbrán, Manuel, La representación voluntaria en el Derecho Internacional Privado Argentino, ED 78-423, y sus citas jurisprudenciales), por lo que debe inferirse -ante la falta de prueba en contrario- que el poder ha sido otorgado en forma.
Por lo demás, con razón se ha dicho que: "A partir de la aprobación de la Convención de La Haya suprimiendo la exigencia de la legalización de documentos públicos extranjeros, no se requiere de otra formalidad que la 'apostille', formalidad que se refiere únicamente a la firma del signatario del documento, siendo innecesaria la legalización de la firma de quien suscribiera la acotación a la que se refiere el art. 4° de la Convención (Adla, XLVIII-A, 87)" (CNCiv., sala B, 06/04/1989, Mauri, Celso, suc., La Ley, 1989-E, 392 - DJ, 1990-1-441 1990-1-441 ).
En suma, cabe concluir que la excepción de falta de personería opuesta por el demandado carece de fundamentos fácticos y jurídicos, por lo que ha sido debidamente rechazada por el a quo.
5. En cuanto a la excepción de defecto legal, entiende este Tribunal que también fue correctamente desestimada por el judicante, toda vez que en el poder glosado a fs. 6/7, cuya falsedad no fue invocada ni probada por el demandado, se encuentra perfectamente individualizado el actor con nombre, apellido y pasaporte. Es de destacar que un error de tipeo insignificante en el apellido del otorgante ("Figuereido" por "Figueiredo") de ningún modo es fundamento suficiente para el acogimiento de la defensa intentada. Tampoco lo es la diferencia entre el número de pasaporte consignado en el referido poder (T-041702) y el que figura en las copias de escrituras que obran a fs. 8/13 (X-343726), pues tal circunstancia puede obedecer a múltiples razones (v. gr., tratarse de renovaciones distintas), y de todos modos si el accionado no obstante pretendía alguna irregularidad, debió demostrarla mediante informe de la Embajada o Consulado correspondiente, lo cual no hizo.
Finalmente, debe señalarse que la excepción de defecto legal o de oscuro libelo es de interpretación restrictiva, y corresponde su rechazo si no se ha violado el derecho de defensa (cfr. Fenocchietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, p. 355, Astrea, Buenos Aires, 1999).
6. Que la notoria falta de fundamentos serios para sustentar las excepciones planteadas, lo que se evidencia además por la carencia de prueba sobre las circunstancias invocadas -ley extranjera sobre escrituras públicas (art. 13 y su nota del Cód. Civil) e identidad del actor-, pone de relieve el ánimo obstruccionista, dilatorio y de entorpecimiento del presente proceso por parte del accionado, letrado Víctor Hugo Massimino, lo cual impone a esta Alzada el deber de sancionar al improbus litigator, según doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 30/6/88, La Ley, 1989-A, 220), por inconducta procesal maliciosa. Teniendo en cuenta que la conducta del demandado no se limitó al planteo de sus infundadas excepciones, sino que insistió sobre las mismas mediante apelación ante este Cuerpo, se fija como sanción una multa de $ 500 (Pesos: quinientos) a favor de la parte contraria (art. 45, CPCC). En este sentido se ha resuelto: "El recurso de apelación y el acto de sostenerlo, son resortes que la ley pone a disposición de los litigantes para la defensa de sus derechos. Pero, frente a la total carencia de argumentos mínimamente valederos, surge un medio desleal para dilatar el cumplimiento de la sentencia, lo que da lugar a imponer a los firmantes del recurso una multa, en los términos del art. 45 del Cód. Procesal" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Capital Federal, sala I, Fontan, Vidal c. Gonzalez, Raúl Florencio s/ desalojo, sentencia del 12 de agosto de 1997, SAIJ, Sumario nro. C0040379).
Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve: 1°) Confirmar la Sentencia N° 1.024 de fecha 09 de noviembre de 2004 (fs. 47/48 vta.), con costas (art. 68, CPCC). 2°) Imponer al demandado, letrado V. H. M., una multa de $ 500 (Pesos: quinientos) a favor de la parte actora por inconducta procesal maliciosa (art. 45, CPCC). - Benjamín Moisá. - Carlos S. Margara. - Randal C. Rowlands.

CNCivil sala B documento extranjero en juicio

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B (21/02/2007). G., A. L.

2ª Instancia. — Buenos Aires, febrero 21 de 2007.
Considerando: I.- Contra la resolución de fs. 212/214, por medio de la cual el a quo, al dictar declaratoria de herederos, no incluyó al recurrente, alza sus quejas el apelante. El memorial luce agregado a fs. 222/225 y el traslado conferido a fs. 226 fue contestado a fs. 356/257. El Fiscal de Cámara se expidió a fs. 265.
II.- El magistrado de grado desestimó la inclusión del apelante en la declaratoria de herederos con fundamento en que si bien la partida agregada en autos acredita el nacimiento de M. A. S., en el que se referencia como progenitor al causante, no se encuentra acreditado el reconocimiento paterno o la sentencia judicial de filiación. Destacó como rasgo sobresaliente de la reforma de la ley 23.264 el propender a la concordancia entre la realidad biológica y los vínculos jurídicos emergentes de dicha realidad, pero que ello no puede importar la omisión de la acción pretendida ni del proceso en que debe desarrollarse. En tal caso, no contando con el reconocimiento, no habiéndose instado la acción de filiación, no resultaría prudente expedirse, en este estado, sobre el vínculo paterno imputado. Además, se desestimó la aplicación al caso de la norma del art. 701 del Cód. Procesal, aspecto sobre el cual en el memorial no se formuló objeción.
III.- El Sr. Fiscal de Cámara opinó que más allá de la discusión acerca de la validez o no de la partida de nacimiento de extraña jurisdicción, el reconocimiento efectuado por las hijas del causante tiene los efectos del art. 701 del Cód. Procesal, por lo que S. debe ser incluido en la declaratoria de herederos.
IV.- Se agravia el apelante con fundamento en que la partida de nacimiento acompañada a fs. 128/134 no ha sido impugnada por los demás herederos. Que de dicho documento surge que se trata de una partida extranjera válida que no ha sido impugnada, pues para impugnarla se debió haber afirmado que no existió reconocimiento y que la filiación atribuida no es tal. Refiere que si bien no escapa a su valoración que la prueba del derecho extranjero incumbe a quien lo invoca, en el caso, al haber acompañado una partida válida, el derecho extranjero debe ser probado por quien pretenda atacar sus constancias. Agrega que obra en autos el resultado de un estudio genético del que surge que existe un 99,99% de posibilidades de que el apelante es hijo del causante. Esgrime que debe primar la verdad material sobre la formal.
V.- En forma liminar corresponde señalar que, pese a la valiosa opinión del Fiscal de Cámara (fs. 265), no habiendo sido objeto de agravio lo expresado por el magistrado de la anterior instancia en el sentido de que en autos no se reúnen las condiciones para incluir en la declaratoria de herederos al recurrente en los términos del art. 701 del Cód. Procesal, y dado que no surge de autos que se configure la admisión "por unanimidad" que requiere la mentada norma, no es posible acudir a esa disposición legal para brindar solución a la cuestión planteada.
VI.- Dispone el art. 247 del Cód. Civil que la paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.
Es sabido que la paternidad extramatrimonial sólo puede quedar determinada por el acto voluntario del reconocimiento del hijo (a diferencia de la maternidad que se determina por el hecho biológico del parto debidamente acreditado - art. 242 del Cód. Civil), o en caso contrario, por la sentencia judicial que, en la acción de reclamación de estado que acuerda el art. 254 del Cód. Civil constituya el emplazamiento desconocido (conf. Zannoni, "Régimen legal de filiación y patria potestad", p. 76).
El reconocimiento es el acto jurídico familiar que, conteniendo una afirmación de paternidad o maternidad respecto a determinada persona, emplaza a ésta en el estado de hijo y, correlativamente, a quien afirma la paternidad o maternidad, en el carácter de padre o madre de ese hijo. Se trata del reconocimiento que otorga título de estado en sentido sustancial y también formal, de modo que en virtud de ese reconocimiento, se perfecciona el estado paterno-filial con los caracteres propios que le son inherentes. Por ello es que tal reconocimiento es el que se realiza ante el oficial público del Registro del Estado Civil en ocasión de denunciarse el nacimiento, o con posterioridad, cuando se reconoce la paternidad o de una persona cuyo nacimiento ya fue inscripto. Y, por eso, es solamente ese reconocimiento el que implica acto jurídico que constituye la relación jurídica familiar.
Desde esta perspectiva, la solución brindada en la anterior instancia resultaría inobjetable.
Ahora bien, de las constancias de autos resulta que el apelante ha acreditado su nacimiento, ocurrido el día 9 de febrero de 1979, a cuyo fin acompañó los instrumentos que en copia lucen agregados a fs. 24/26 (certificado de nacimiento) y fs. 128/134 (nuevo instrumento que certifica el mismo nacimiento, con la intervención de una autoridad del Registro de Estadísticas de Demográficas del Departamento de Salud de la ciudad de New York, en el que se certifica que la transcripción que precede es copia fiel del acta original archivada en el Departamento de Salud de la Ciudad de New York).
El mentado instrumento había sido impugnado por las hijas del "de cujus" a fs. 177/178, quienes destacaron que el mismo surge que el Departamento de Salud no certifica la autenticidad de las declaraciones que allí figuran, ya que la ley no ha previsto investigación alguna respecto de los hechos, y que de esos documentos no resulta la intervención personal del causante. Por ello es que sin tener disponible el derecho neoyorquino se desconocieron sus efectos.
Empero, con posterioridad a la resolución recurrida, las mismas hijas del causante, quienes —además— revisten la calidad de cesionarias de los derechos gananciales y hereditarios que le corresponden a su madre en esta sucesión (fs. 252/254) se expidieron en sentido favorable a la apelación deducida (ver fs. 256/257, contestación del memorial). En esta oportunidad manifestaron que el apelante había promovido acción tendiente a la reclamación de filiación extramatrimonial para obtener un título de estado indiscutible y que en el proceso de filiación se allanaron a la demanda en base a los resultados del estudio inmunogenético que se había realizado. La cónyuge supérstite del causante no contestó el memorial del apelante.
El tema de la validez de las partidas extranjeras como prueba de la justificación del vínculo en el proceso sucesorio debe ser tratado a la luz de lo establecido en el art. 12 del Cód. Civil, que dispone que "las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público, son regidas por las leyes del país donde se hubieren otorgado. Las partidas extranjeras constituyen un instrumento público y en virtud de lo dispuesto en esta norma, el juez de la sucesión debe reconocer pleno valor probatorio a la partida extranjera extendida por las autoridades de un país extranjero, siempre que cumpla con las formalidades exigidas por las leyes del país en el cual el instrumento fue otorgado y que se encuentre debidamente legalizado (conf. Medina, Proceso sucesorio", t. I, p. 130).
Se ha resuelto, con criterio que se comparte, que si el peticionante acompañó un certificado del cual surge que es hijo de ambos causantes, con lo cual cabe presumir que de la partida surge el reconocimiento voluntario o declaración judicial en tal sentido, si la expresión que surge del certificado no concuerda con la realidad, o si se cuestiona la veracidad del contenido que surge del título, es un problema de prueba que debe ser invocada y producida por quien desconoce el vínculo (conf. CNCiv. sala "A", julio 24/1985, en LA LEY, 1985-D, 404; íd. SCJBA, agosto de 1982, in re Abadie, José /Aabadi, Ale M s/ sucesión, citado por Medina, en op. cit. t. I, p. 130).
Se encuentra fuera de discusión que el apelante ha promovido acción de filiación, y que ese proceso está en trámite. No se ha objetado el resultado de las pruebas biológicas de las que informan las constancias de fs. 121/127, de las que surge una probabilidad de paternidad del 99,99 del causante de autos respecto del promotor de las actuaciones.
La declaratoria de herederos se pronuncia únicamente a favor de quienes se hubieran presentado demostrando su vocación sucesoria y supone la comprobación del título invocado mediante la verificación formal, que no excluye un examen completo del mismo. Y, como es sabido, no causa estado, desde que se dicta "en cuanto hubiere lugar por derecho", sin perjuicio de los derechos de terceros, cuyo respecto no hace cosa juzgada (conf. Morello - Sosa - Berizonce, "Cód. Procesal en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la Nación", t. IX-A, p. 190). Constituye un medio idóneo para acreditar la vocación hereditaria ab intestato, que establece una presunción de la calidad de heredero con relación a quien se dicta (conf. Medina, Proceso sucesorio", t. I, p. 209 y jurisprudencia citada).
En ese contexto, en atención a que en el marco de este proceso sucesorio, los impugnantes no han ofrecido prueba tendiente a desvirtuar las constancias del certificado de nacimiento agregado por el recurrente, habiéndose promovido la correspondiente acción de filiación, no corresponde postergar —en el actual estado— el reconocimiento de la calidad de heredero del recurrente, en su carácter de hijo del "de cujus".
Véase que con los elementos aportados a este expediente, desconocer el derecho a ser incluido en la declaratoria de herederos, cuando se ha acompañado un instrumento público extranjero formalmente inobjetable para tener por acreditado que el apelante es hijo del causante, importaría asumir una solución formalista, carente de sentido de realidad y alejada del propósito de propender al establecimiento de la verdad material. Máxime si se valora que aportó un valioso elemento de ponderación en orden al vínculo biológico del apelante con el "de cujus.
Ello, claro está, sin que importe asumir temperamento y de lo que pudiera resolverse en la acción de filiación en trámite, cuyo curso deberá proseguir hasta el dictado de la correspondiente sentencia, que brinde absoluta certeza respecto del emplazamiento del recurrente en el estado de hijo extramatrimonial.
Es que, si la norma del art. 701 del Cód. Procesal autoriza la inclusión de herederos que no hubieran justificado el vínculo frente a la admisión unánime de los restantes, "sin que ello importe reconocimiento del estrado de familia", nada obsta a que, con el alcance señalado, se admitan las quejas del apelante.
En atención a la forma en que se decide, las costas de alzada serán distribuidas en el orden causado (art. 68, párrafo segundo del Cód. Procesal).
Por ello, en orden a lo prescripto por los arts. 3565 y concs. y 700 el Cód. Procesal, habiendo sido oído el Fiscal de Cámara, y con el alcance indicado, se resuelve: revocar la resolución apelada e incluir, en cuanto ha lugar por derecho, sin perjuicio de terceros y de lo que se decida en el proceso antes mencionado, a M. A. S. en la declaratoria de herederos de fs. 212/214, en calidad de hijo del causante, sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. Con costas en el orden causado.— Claudio Ramos Feijóo.— Mauricio Luis Mizrahi.— Gerónimo Sansó.

CN Civil sala B orden publico

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B (30/12/2009) B., N. s/suc. ab intestato

2ª Instancia. — Buenos Aires, diciembre 30 de 2009.
Autos y Vistos: Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 124 por la Sra. Agente Fiscal contra lo decidido a fs. 121/123.
El remedio fue mantenido a fs. 128/129 y replicado a fs. 131/132.
Considerando: La decisión apelada importó tener por válido el matrimonio celebrado por el causante con la Sra. S. E. M.
Contra esa decisión se alzan los representantes del Ministerio Público Fiscal quienes se quejan de que atribuya validez a un matrimonio celebrado en fraude a la ley argentina.
Los datos relevantes de la especie son que el causante N. B. se casó en primeras nupcias con F. E. el 8/01/1949 -ver fs. 71/72-. Con posterioridad en el Estado de Chihuahua, República Mexicana se dictó sentencia de divorcio el 29/08/1957 que importó la disolución del vínculo matrimonial referido -ver. fs. 92/93- y luego en ese mismo país se casó con la Sra. M. el 4/09/1957 -ver fs. 47/48-.
Los argumentos del apelante parten de que al momento de contraer matrimonio en México el causante estaba casado en este país y su vínculo no se encontraba disuelto conforme nuestra legislación.
Ahora bien la cuestión importa el estudio de si el matrimonio contraído en fraude a la ley argentina afecta el orden público de modo de que no corresponda reconocerle efectos en nuestro país.
Al respecto en un caso similar al presente “N. C. P. s/ sucesión” expte. nº 106.876/1998 del 15/3/2000 esta sala en una composición anterior se pronuncio sobre el tema con profundidad en términos que se reproducen:
“La doctrina iusprivatista internacional es coincidente en señalar el carácter relativo y variable del orden público internacional u orden público en el sentido del derecho internacional privado, como límite a la aplicación del derecho extranjero, al reconocimiento o ejecución de una sentencia de ese origen o a la prestación del auxilio judicial internacional.”
“Leemos en Nussbaum: ‘En realidad, el orden público es de carácter ‘relativo’ en todo sentido. No solamente varía con las ideas jurídicas cambiantes (‘relatividad ratione temporis’), sino que tiene precedencia sobre la regla extranjera aplicable bajo la normas sobre conflictos de leyes únicamente en la extensión en que en la situación concreta, tal regla realmente infringiría el orden público.” En nota cita antigua jurisprudencia, ya de 1914, que alude a esa relatividad en el tiempo. Y luego añade: “Puede generalmente decirse que la regla de la relatividad está implícita en el fondo de la mayoría de los casos vinculados al orden público -norteamericanos o no- aunque aquí y allá los principios locales con fuertes matices éticos o políticos pueden tener ‘absoluta’ preferencia sobre normas divergentes extranjeras (Principios de Derecho Internacional Privado, trad. por Alberto D. Schoo, Depalma, Buenos Aires, 1947, pág. 134 texto y nota 28 y pág. 135).”
“En la doctrina francesa, Loussouarn-Bourel señalan que ‘la noción de orden público varía en función de reformas legislativas’ (Droit International Privé, Dalloz, París, 1980, n?250 in fine, pág. 339), variabilidad a la que vuelven a referirse luego (nº 254) para destacar que se manifiesta no solamente en el espacio, sino también en el tiempo, lo que ejemplifican con las reformas acaecidas en su país en materia de filiación (1972) y de divorcio (1975). Batiffol-Lagarde y Mayer, lo analizan su función como resguardo de ciertas políticas legislativas del país del foro (Droit International Privé, 7a. ed., París, 1971, t. I, nº 359, pág. 416 y ss. y Droit International Privé, París, 1977, nº 204, pág. 162, respectivamente).”
“En España, Carrillo Salcedo, al referirse a esta característica de relatividad del orden público internacional, recuerda los términos de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, del 5 de abril de 1966, en el que se alude a ‘la conservación del orden social en un pueblo y época determinada’ (Derecho Internacional Privado, Tecnos, Madrid, págs. 238 a 241).”
“En México, la relatividad del concepto es destacada por Pereznieto Castro ‘Derecho Internacional Privado’, México, pág. 236).”
“En algunos sistemas, dice Valladao, el orden público constituye un límite a la aceptación del divorcio; en otros, lo es a su prohibición. ‘Es propio de cada foro, de cada sistema jurídico... cambia históricamente, por ejemplo, la jurisprudencia brasileña en estos últimos tiempos admite el reconocimiento de ciertos divorcios extranjeros para fines de un nuevo matrimonio, que antes rechazaba’ (Derecho Internacional Privado, Introducción y Parte General, trad. de Pereznieto Castro, Trillas, México, cap. 38, 8., págs. 581/2).”
“Un último obstáculo se opone a la precisión del ámbito del orden público; su constante variación. El orden público, en efecto, refleja fielmente el movimiento de ideas de cada sociedad nacional, así como los acontecimientos sociales y políticos verdaderamente influyentes (Alfonsín, Teoría del Derecho Privado Internacional, Idea, Montevideo, 1982, nº 381, pág. 572).”
“Abordando el tema del orden público y los tratados, Goldschmidt menciona cómo ‘las concepciones jurídicas del país que aduce el orden público pueden haber cambiado desde el momento de la ratificación hasta aquel en el cual sus autoridades deben aplicar el derecho de otro de los países ratificantes’ (Derecho Internacional Privado, 5a. ed., Depalma, Buenos Aires, 1985, nº 150, pág. 153. También en nº 153, pág. 159).”
“El concepto de orden público se caracteriza por su variabilidad, mutabilidad y actualidad (Kaller de Orchansky, Manual de Derecho Internacional Privado, 2a. ed., Plus Ultra, Buenos Aires, pág. 142).”
“La modificación de la realidad socio-cultural fundamenta los caracteres del orden público. Bien sabemos que este instituto reviste las cualidades de actualidad, versatilidad, variabilidad (Dreyzin de Klor y Saracho Cornet, Las convenciones matrimoniales en el Derecho Internacional Privado. Un importante precedente jurisprudencial, cap. III. El orden público internacional, diario La Ley, 22 de mayo de 1988 (a raíz de un fallo de esta Sala del 20/4/95, publicado en El Derecho 162-594).”
“El contenido del orden público internacional es de contornos variables. La vaguedad se debe a que los principios que en un momento dado se hallan en la base de la legislación de un país, reconocen fuentes muy diversas (la religión, el tronco jurídico a que pertenece el país, la inmigración) (Najurieta, Orden público internacional y derechos fundamentales del niño, diario La Ley, 29 de abril de 1997).”
“Las ideas precedentes también han sido recogidas en la jurisprudencia nacional. Al dictar la sentencia interlocutoria mencionada precedentemente, la sala tuvo ocasión de señalar que ‘el concepto de orden público ha de ser por su propia naturaleza elástico y flexible, en tanto relacionado con principios jurídicos’ (cons. VII). También abordó la cuestión de esta variabilidad, la sentencia de la Corte mendocina (sala I) del 5/9/94 (Doctrina Judicial 1995-I-374).”
“Como corolario de lo expresado, debe tenerse presente que con cita de alguna de la doctrina francesa mencionada anteriormente, la Corte Suprema dijo: ‘cabe señalar que el orden público internacional no es un concepto inmutable y definitivo sino esencialmente variable, pues expresa los principios esenciales que sustentan la organización jurídica de una comunidad dada, y su contenido depende en gran medida de las opiniones y creencias que prevalecen en cada momento en un estado determinado’ (sentencia del 12 de noviembre de 1996, S.794.XXIX. Recurso de hecho, Jurisprudencia Argentina 1997-IV-654, con nota de María Josefa Méndez Costa).”
“Consecuencia necesaria de esta señalada variabilidad del orden público es su actualidad. Dicen Batiffol-Lagarde que el orden público se aprecia al momento del proceso (en rigor, al sentenciarlo), las condiciones de validez de un acto sometido a una ley extranjera no pueden ser reputadas contrarias si posteriormente al acto la ley francesa ha sido modificada y se torna semejante a la ley extranjera. Inversamente, la modificación de la ley del foro puede tornar contraria a su orden público la ley extranjera que era conforme con él al tiempo de los hechos (op. cit., nº 356). En caso de modificación del contenido del orden público, el juez debe tener en cuenta su estado actual. Se trata del principio de la actualidad del orden público (Mayer, op. cit., nº 214, pág. 168. Similares conceptos se leen en Loussouarn-Bourel, op. cit., nº 250, pág. 339 y nº 254, págs. 349 y ss.). Al resolver en ese sentido, bien dice la Corte Suprema, en el considerando 7 de la sentencia mencionada anteriormente, que “la confrontación debe hacerse con un criterio de actualidad, así como que la noción es ampliamente recibida en el derecho comparado.”
“Habida cuenta de la naturaleza del caso que se juzga, nada mejor que acudir a lo que sobre el punto dice Alfonsín: ‘Supóngase un Estado que consideraba de orden público la indisolubilidad del matrimonio que, habiendo mudado convicciones, consideró de orden público la disolubilidad. A partir del cambio, los jueces de ese Estado sólo pueden ocuparse en preservar el principio de la disolubilidad, aun cuando se trate de matrimonios celebrados antes del cambio, y aun cuando en una instancia anterior al cambio los jueces hayan sostenido lo contrario. La ‘actualidad’ del orden público es resultado indefectible de su variabilidad’ (op. cit., nº 388, pág. 578).”
“Recogen la idea, en la doctrina nacional, Orchansky, Dreyzin de Klor y Saracho Cornet (obras y lugares citados) y también Najurieta (op. cit., loc. cit.), quien dice que ‘el espíritu que informa la legislación de un Estado tiene el dinamismo propio de lo viviente y avanza con la vida de una comunidad. Por ello, la legislación que se toma en cuenta como referencia a efectos del juicio de compatibilidad, es la que impera en el foro en el momento en que el juez resuelve’ y recuerda la adopción del criterio por la Corte de Casación francesa y también por la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de los préstamos serbios y brasileños.”
“Es que si el orden público tiene por función la de defender los valores del derecho propio contra el derecho extranjero en sí aplicable según las reglas del derecho internacional privado, cabe coincidir con Goldschmidt en que si tales principios pueden cambiar en el transcurso del tiempo, ‘precisamente por su manera de ser ellos son necesariamente retroactivos; he aquí lo que se llama ‘actualidad del orden público’’ (op. cit., nº 154, in fine, pág. 159).”
“El criterio de actualidad ya fue aplicado, además del fallo de la Corte nacional a que antes se hiciera referencia, por la Sala G, fallo del 21 de marzo de 1989, publicado en El Derecho, t. 137-403, anotado por Alejandro P. Radzyminsky, quien aporta, como le es habitual, valiosas referencias sobre el tema y menciones de doctrina extranjera. También se tuvo presente por la Sala G, en fallo del 28/12/87, cons. VII (ver el fallo en Boggiano, Derecho Internacional Privado, Depalma, Buenos Aires, 1988, t. III, págs. 60 y ss.). Otro tanto sucede en la sentencia de la sala B del 4/8/89 (J.A. 1990-I-215).”
“Puede decirse que la cuestión no es nueva para el derecho argentino, cuyo orden público internacional en materia de disolubilidad del matrimonio por divorcio atravesó diversas etapas, al ritmo cambiante de las modificaciones ocurridas en el derecho civil. Goldschmidt estudió el problema en su momento, en el trabajo titulado ‘Divorcio vincular extranjero o matrimonio argentino durante la eficacia del divorcio vincular en la República’ que publicara La Ley, 97-825, dedicando el ap. 3 del cap. I al tema ‘El divorcio vincular y el orden público internacional’.”
Cabe entonces tener en cuenta la forma en que la ley 23.515 ha modificado los principios que informan la legislación argentina en materia matrimonial.
Y ello sentado, cabe concluir que en la actualidad ese orden público internacional argentino no constituye obstáculo, en los términos del art. 160 del Código Civil, para el reconocimiento del matrimonio celebrado por B. y M. el 04/09/1957 en México.
Adviértase que en el momento en que contrajeron matrimonio en México el vínculo anterior estaba disuelto según las leyes de ese país. Ello resulta medular por cuanto de no mediar esa disolución y resultar por ende inválido el matrimonio extranjero con arreglo a las leyes del país de celebración, las circunstancias de que el orden jurídico argentino careciera de interés en resistirlo no subsanaría aquella invalidez. Ello en mérito de que el impedimento de ligamen tiende a proteger el carácter monogámico del matrimonio y no su indisolubilidad, evitando que se contraiga nuevo matrimonio sin previa disolución de uno anterior. Y no cabe sostener que el carácter monogámico del matrimonio no integre el orden publico, antes y después de la vigencia de la ley 23.515 (cfr. Voto Dr. Ojea Quintana en expte. Nº 25.426/2004 “G. M. L. c. M. M. B. s/ incidente civil” del 17/4/2008).
En cuanto a la doctrina del plenario recaída in re “Martín González de Zanotti s/ Sucesión” el 8/XI/1973 (E.D. 54-136), en el precedente antes citado la sala agregó: “cabe señalar... que en el mismo no resultaba abordada la temática referida al tiempo en que debe considerarse el contenido del orden público internacional del foro como excepción para el reconocimiento de un matrimonio extranjero, sino sólo si resultaba necesaria la acción de nulidad prevista por la ley 2393 para juzgar su eficacia si fuera celebrado en el extranjero en fraude a la ley argentina, lo que es, como se ve, cuestión distinta. Y ello supuesto, esa doctrina habilita al tribunal a pronunciarse sobre el punto en discusión fuera de una acción de nulidad”.
En mérito de lo expuesto y en el mismo sentido en que la sala se pronunciara también en “C.C.E. s/ sucesión expte. nº 41.769/2003” el 22/03/2005 y “G.O.A. s/ sucesión” el 23/10/2006 y oído el Sr. Fiscal de Cámara el Tribunal Resuelve: Rechazar el recurso de apelación interpuesto. Imponer las costas en el orden causado atento la calidad del apelante.
Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2º párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.
La doctora Ubiedo no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). —Patricia Estela Castro. —Julio María Ojea Quintana.

CSJN orden publico

Corte Suprema de Justicia de la Nación (10/04/2007). U., A. s/suc.


Dictamen de la Procuradora Fiscal Subrogante de la Nación:
Suprema Corte:
I. Los magistrados integrantes de la Sala "K", de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, revocaron la resolución del juez de grado, y declararon inválido el acto de matrimonio celebrado entre el causante y la hoy recurrente Sra. L. B. W., y con ello su pretendida vocación sucesoria, excluyéndola de la declaratoria de herederos dictada en autos (v. fs. 161/162).
Para así decidir, los juzgadores destacaron que se encuentra acreditado en autos que el causante contrajo nupcias con la señora W. en el año 1980 en el extranjero (Perú), como así también que en esa oportunidad la contrayente se encontraba divorciada en Argentina del señor G. bajo el régimen de la ley 2393 desde el año 1975, y que recién en el año 1987 se anotó marginalmente en la partida correspondiente la conversión del divorcio en vincular de conformidad con la nueva regulación dispuesta por la ley 23.515. Juzgaron que dicho matrimonio fue celebrado en fraude de la legislación argentina, pues la señora W. no tenía en ese momento aptitud nupcial por haberse casado con anterioridad en nuestro país, contando con sentencia de divorcio en los términos de la ley 2393, norma por la que no se disolvía el vínculo configurándose así el impedimento del artículo 166, inciso 6° del Código Civil.
De tal forma — prosiguieron— no puede soslayarse la aplicación del artículo 13 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, que sujeta la validez del matrimonio a la ley del lugar donde se celebre y a su vez faculta a los estados signatarios a no reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle viciado de alguno de los impedimentos allí enumerados, incluyendo en el inciso e) el matrimonio anterior no disuelto legalmente. Invocaron el fallo plenario de la Cámara de fecha 8 de noviembre de 1973 (conf. ED, 54-136), en el que se dispuso que no es necesario para privar de eficacia a la partida de matrimonio extranjero contraído con impedimento de ligamen en fraude de la ley, la promoción de la acción de nulidad prevista en la ley 2393. Si bien reconocieron que con posterioridad la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo una postura contraria, razonaron que no puede dejarse de lado que el artículo 303 del ritual impone obligatoriamente la adecuación a la doctrina plenaria antes citada. Con cita de antecedentes de la propia Cámara, expusieron que los efectos del divorcio vincular se producen recién a partir de la sentencia firme que lo decreta, recuperando los cónyuges su aptitud nupcial de inmediato, siendo evidente que ese efecto es para el futuro, más nunca puede retrotraerse en el tiempo y menos aún conceder una suerte de saneamiento a un matrimonio celebrado en fraude a la ley argentina.
II. Contra este pronunciamiento, la señora L. B. W., interpuso el recurso extraordinario de fs. 168/182 vta., cuya denegatoria de fs. 203 y vta. motiva la presente queja.
Se agravia sustancialmente porque la sentencia impugnada — afirma— no recepta la doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que allí cita, por la que se le otorga validez al matrimonio celebrado en el extranjero, dado que, en la actualidad, no repulsa el ordenamiento legal interno. Alega que viola el principio locus regis actum, también receptado por el Tribunal, en tanto que la Sala juzgadora de modo elíptico se expide sobre la ley aplicable al momento de celebrarse un matrimonio que no acepta, violando la ley actual, el principio legal citado y el principio de congruencia. Añade que realiza una incorrecta interpretación y aplicación del sistema de derecho internacional privado y de normas extranjeras. Expone que tanto la República Argentina como la República de Perú, suscribieron y ratificaron el Tratado de Montevideo de 1940, cuyo artículo 13 dispone que la validez del matrimonio se juzgará por las leyes del lugar de celebración. Conforme a ello — prosigue— el matrimonio celebrado entre el causante y la recurrente fue debidamente celebrado y era plenamente válido.
Aduce que el pronunciamiento se expide sobre cuestiones que no pudieron recaer en este proceso y en esta jurisdicción, cuando era aplicable la ley y jurisdicción extranjera. Expresa que viola el orden público internacional, so pretexto de la aplicación de un orden público interno que ya no existe desde la sanción de la ley 25.515.
Tacha de arbitrario al decisorio por apartarse del criterio legal imperante, de la ley aplicable, del principio de primacía legal y del entendimiento de los más recientes fallos de la Alzada y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. Debo recordar, en primer lugar, que V.E. tiene establecido que el recurso extraordinario es formalmente procedente, cuando los agravios — como en el caso— conducen a la interpretación de tratados internacionales — ley suprema de la Nación (art. 31 de la Constitución Nacional)— o que suscita cuestión federal de trascendencia a los efectos de la habilitación de esa vía (art. 14, inc. 3° de la ley 48 y art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; confr. doctrina de Fallos: 315:1848; 318:2639, entre otros).
Admitida esta premisa, se advierte que la cuestión debatida en autos, resulta, en lo sustancial, análoga a la
considerada por el Tribunal en su sentencia del 12 de noviembre de 1996, en autos "Recurso de hecho deducido por María Cristina Ferrari en la causa Solá, Jorge Vicente, s/ sucesión ab intestato" (Fallos 319:2779), a cuyos fundamentos cabe remitir brevitatis causae. En efecto, aquí también se trata de verificar, según el derecho internacional privado argentino, la satisfacción de los recaudos de validez de una situación creada en el extranjero y que es llamada a desplegar efectos en el foro. Conforme al precedente citado, este examen debe efectuarse según las disposiciones del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940 que, en el caso de matrimonio celebrado en otro país contratante con impedimento de ligamen, no impone a los otros países contratantes la obligación internacional de desconocerle validez, sino que deja librado al orden público internacional del Estado requerido la decisión sobre la reacción que más convenga al espíritu de su legislación. Y la modificación introducida por la ley 23.515 a los principios que informan la legislación matrimonial argentina (al admitir la disolución del vínculo por divorcio), resulta relevante para lo que se discute en autos pues, en virtud del criterio de actualidad del orden público internacional, el orden jurídico argentino carece de interés actual en reaccionar frente a un matrimonio celebrado en el extranjero que es invocado en el foro en virtud de los derechos sucesorios reclamados por la cónyuge supérstite.
IV. No dejo de advertir que, en el auto denegatorio del recurso extraordinario, los integrantes de la Sala "K" arguyeron la introducción inoportuna de la cuestión federal, citando, entre otros precedentes de V.E., el referido al abandono de dicha cuestión cuando se omitió incluirla "...entre los puntos sometidos a la decisión del tribunal de segunda instancia". Manifestaron, a continuación, que la interesada no hizo reserva del caso federal al contestar el traslado del memorial, cuyo escrito — según los juzgadores— se halla a fs. 106 y 106 vta. (ver fs. 203 "in fine", y 204, primer y segundo párrafo).
Debo decir al respecto, que el a quo incurrió en un error al citar la foliatura y, consecuentemente, al examinar el contenido de la contestación del memorial. En efecto, dicha contestación obra a fs. 151/152 (no a fs. 106 y vta. como expusieron los juzgadores), y la reserva del caso federal, se encuentra expresada en el título del escrito, y desarrollada en el punto III del mismo.
Empero, el requisito de la reserva, como el Tribunal lo tiene dicho, no existe, en realidad, en el marco del recurso extraordinario — sería, obviamente, un excesivo rigorismo— , sino que la exigencia que debe cumplirse es el oportuno planteo de la cuestión federal a fin de que los jueces puedan decidirla, planteo que incluso — dijo la Corte— no requiere de fórmulas sacramentales (v. doctrina de Fallos: 292:296; 294:9; 302:326; 304:148, entre otros).
V. Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y revocar la sentencia apelada. — Buenos Aires, septiembre 25 de 2006. — Marta A. Beiró de Gonçalvez.
Buenos Aires, abril 10 de 2007.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Lucrecia Beatriz Woodyatt Michel de Ulloa en la causa Ulloa, Alberto s/ sucesión", para decidir sobre su procedencia.
Considerando: Que los agravios de la apelante encuentran adecuada respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante de fs. 80/82, cuyos fundamentos esta Corte da por reproducidos por razón de brevedad.
Por ello, se declara formalmente admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia de fs. 161/162 de los autos principales. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y devuélvase. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Enrique S. Petracchi. — Juan C. Maqueda. — E. Raúl Zaffaroni. — Carmen M. Argibay.