miércoles, 25 de agosto de 2010

CSJN Inmunidad de jurisdiccion

Corte Suprema de Justicia de la Nación (14/09/2000) Alimento de los Andes c. Banco de la Provincia del Neuquén y otros.

Dictamen del Procurador General

I. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (sala 3), confirmó la resolución de primera instancia por la que se desestimaron las alegaciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B.I.R.F.) y del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), dirigidas a cuestionar la aptitud de los tribunales de la Nación para entender en estas actuaciones.
En concreto, adujo -tras examinar el tenor de los convenios de sede- que la actuación de ambas instituciones compromete, en el caso, el ejercicio de sus facultades de emitir y garantizar valores, a lo que añadió que estas entidades poseen oficinas permanentes en la Argentina. Por último, apoyada en la doctrina expuesta por V.E. en el precedente de Fallos: 317:1880 y en lo previsto por el art. 2°, inc. c), de la ley 24.488, destacó que la operación crediticia que se controvierte enmarca en una actividad típicamente comercial y no política o de gobierno.
Respecto de la defensa de falta de legitimación, sostuvo que esta última no aparece manifiesta y que, por ende, debe postergarse su tratamiento hasta el momento de dictar sentencia definitiva (fs. 412/4).
II. Contra dicha decisión, dedujeron sendas apelaciones federales las instituciones mencionadas (conf. fs. 421/43 y 444/63), las que fueron concedidas -en ambos casos, dejando de lado las alegaciones de arbitrariedad relativas al tratamiento de la defensa de falta de legitimación- a fs. 485/6.
III. Arguye el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que el decisorio de la Cámara desconoce lo dispuesto por los arts. VII, Sección 3ª, del Convenio Constitutivo de la Institución; III, Sección 4ª, de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas; y 3, incs. 1 y 2, del Convenio entre la República y el Banco Internacional sobre el establecimiento de una misión residente en Buenos Aires, dispositivos todos -asegura- de los que resulta su inmunidad de jurisdicción.
Añade a lo anterior -expuesto de manera sucinta- que: a) en el caso de las organizaciones internacionales, la inmunidad jurisdiccional -salvo renuncia expresa y concreta- alcanza a todos los actos que hagan al cumplimiento de sus fines; b) la operación crediticia concertada se encuentra comprendida en esa categoría y no en la de excepción, que atañe a la emisión y/o garantía de valores; c) la entidad bancaria no es un Estado extranjero sino un ente intergubernamental originado en un tratado de derecho internacional, circunstancia de la que infiere que no le resulta referible el art. 2°, inc. c, de la ley 24.488 ni el precedente "Manauta"; d) la índole convencional del organismo y de sus inmunidades, obsta a su modificación jurisprudencial, so consecuencia de incurrir en un ilícito internacional y -aun- de desconocer el orden de prelación del derecho interno; e) configuran actos "iure imperii", en el caso de estos entes, los que hacen al cumplimiento de sus fines, sin que resulte -en ese marco- la línea de crédito concertada, equiparable a los actos comerciales de un Estado; f) nada obsta a la inmunidad la existencia de una sede permanente, como lo reconoce el Convenio respectivo entre el B.I.R.F. y la Argentina; y, g) la jurisdicción de los tribunales nacionales no resulta del contrato ni tampoco del derecho internacional.
Por último, la presentación pone énfasis en la trascendencia institucional de esta controversia, que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, al tiempo que califica de dogmática la caracterización de la alzada a propósito de la índole no manifiesta de la falta de legitimación.
IV. Alega a su turno el Banco Interamericano de Desarrollo que, el decisorio de la Cámara, desconoce lo dispuesto por los arts. XI, Sección 1 y 3, del Convenio Constitutivo de la institución; y 7° del Convenio entre la entidad financiera y la República Argentina para el funcionamiento de una delegación regional, preceptos ambos -afirma- de los que emerge su inmunidad jurisdiccional.
Añade a lo anterior diversos argumentos que -en lo esencial- resultan asimilables a los expuestos por el Banco Internacional (B.I.R.F.), según se detalló en la reseña precedente (v. ítem III).
V. En lo que aquí interesa, procede señalar que la actora inició demanda contra el Banco de la Provincia del Neuquén, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a fin de que se los condene al "cabal" cumplimiento de los contratos relativos al apoyo financiero e institucional comprometidos por los demandados, para la instalación de una planta frigorífica y para la producción de alimentos para peces y otras especies en la zona de Junín de los Andes (Neuquén), reclamando, en subsidio, el reajuste equitativo de sus términos. Los citados instrumentos -detalla la actora- se pactaron en el marco del Programa Global de Crédito Agropecuario en Coparticipación Financiera con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que fuera implementado por el Banco de la Nación Argentina mediante convenio con el Banco de la Provincia del Neuquén.
Al evacuar los traslados, los entes internacionales adujeron excepción de incompetencia, con base -esencialmente- en que son personas de derecho internacional público, titulares de inmunidad soberana, y en que no pueden ser llevados a proceso en la jurisdicción de los Estados particulares sin requerir previamente su expreso consentimiento (v. fs. 122/139 y fs. 292/305). El magistrado actuante desestimó la alegación con apoyo en el precedente de Fallos: 317:1880 y lo previsto por el art. 2°, inc. c, de la ley 24.488 (v. fs. 370/1); resolución que apelada (v. fs. 376, 377, 382/9 y 390/8) condujo a la de fs. 412/414, traída -a su turno- ante esta instancia extraordinaria.
VI. Ante todo, es menester destacar -como se anticipó al aludir a la concesión del recurso- que el a quo lo admitió únicamente en cuanto se encuentra en debate la interpretación y aplicación de normas de orden federal y no por arbitrariedad de sentencia. De ahí que, dado que las interesadas no han deducido un recurso de hecho, la jurisdicción ha quedado expedita sólo en la medida en que el remedio ha sido concedido por el tribunal.
Aclarado lo anterior, la presentación -a mi entender- resulta procedente. Ello es así, toda vez que el pronunciamiento en crisis ha puesto en tela de juicio el alcance de disposiciones de orden federal y la decisión recaída ha sido contraria al derecho que en ellas fundaron los apelantes (v. Fallos: 305:2139; 2150 y S.C.M.1109, L.XXIX., "Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima c. Itaipú s/ daños y perjuicios", del 5 de febrero de 1998 -La Ley, 1998-C, 358; DJ, 1998-3-12-, entre otros y S.C. D. 73, "Duhalde, Mario Alfredo c. Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud - Oficina Sanitaria Panamericana s/ accidente - ley 9688", sentencia del 31 de agosto del corriente año).
En cuanto a la definitividad del resolutorio apelado, V.E. ha sostenido, de manera reiterada, que a los fines dispuestos por el art. 14 de la ley 48, sentencia definitiva no es sólo la que concluye la controversia, sino también aquélla con consecuencias frustratorias respecto del derecho federal invocado, en razón de su tardía o imposible reparación ulterior (Fallos: 300:1273; 303:1708; 311:1414, 1835; 312:426, etc.); criterio este último, aplicable a la causa, habida cuenta que lo decidido impide a las recurrentes en modo definitivo hacer valer de manera eficaz la inmunidad que reclaman, cuyo carácter de derecho que requiere de tutela inmediata fue admitido por el tribunal en los precedentes de Fallos: 305:2150 y 314:1368, entre otros.
VII. Al ingresar a la consideración del fondo del asunto, estimo necesario precisar que, por dec.-ley 15.970, del 31 de agosto de 1956, se aprobó el ingreso de la República Argentina al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y, así también, su instrumento constitutivo (arts. 1° y 2°). En lo que aquí interesa, merece destacarse que el art. VII del citado convenio prevé, a fin de que el organismo pueda cumplir con las funciones que se le encomiendan, la obligación de los Estados miembros de conceder en sus territorios, la situación jurídica, inmunidades y privilegios establecidos en su texto (v. Sección 1ª). Precisa, además, que "... Sólo podrá seguirse acción contra el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente, en los territorios de un miembro donde el Banco tuviere establecida una oficina, en que hubiere designado un apoderado con el objeto de aceptar emplazamiento o notificación de demanda judicial, o donde hubiere emitido o garantizado títulos...". Deja a salvo, no obstante, que "ninguna acción podrá ser seguida por miembros o personas que representen o que tuvieren reclamaciones contra miembros..." (conf. Sección 3ª). Finaliza, estableciendo la obligación de que se adopten las medidas necesarias a fin de hacer efectivos en el territorio de los Estados miembros, los principios enunciados en el artículo, extremo -añade- del que deberán informar al Banco en detalle (v. Sección 10).
Con posterioridad, mediante el dec.-ley 7672, del 13 de setiembre de 1963, la República Argentina aprobó la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, designándose entre los organismos de ese tenor respecto de los cuales se comprometió a aplicar las normas de la Convención, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (v. art. 1°, dec. 7672/63 y arts. I, Sección 1ª, ap. II, ítem f), y XI, Sección 43, de la Convención) (Con especial referencia a los privilegios e inmunidades, v. art. I, Sección 2ª).
En tales condiciones, la citada institución resulta alcanzada por las previsiones del art. III, Sección 4ª, de ese convenio, que establece que estos organismos, sus bienes y haberes, "... disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción..." salvo renuncia expresa, hallándose obligados, en virtud de ello, a prever procedimientos apropiados para la solución, entre otras, de las contiendas "a que den lugar los contratos y otras controversias de derecho privado en las cuales sea parte el ente especializado..." (art. IX, Sección 31). Prevé, además, un mecanismo de consulta entre la organización y el Estado que estime que se ha incurrido en un abuso de inmunidad; y, para los casos en que el mismo fracase, un recurso por ante la Corte Internacional de Justicia (v. art. VII, Sección 24). (A propósito de los alcances de la expresión "bienes y haberes": v. art. I, Sección 1ª, ap. IV).
El art. X deja sentado, por su parte, que las previsiones de la Convención con respecto a un ente especializado, deben ser interpretadas tomando en consideración las funciones asignadas a tal organismo por su instrumento constitutivo (Sección 34) y que sus disposiciones no limitarán ni menoscabarán en forma alguna los privilegios e inmunidades que hayan sido concedidos o puedan serlo ulteriormente por un Estado a cualquier organismo especializado por razón del establecimiento de su sede o de oficinas regionales en el territorio de dicho Estado. Puntualiza, además, que el tratado no se interpretará en el sentido de que prohibe la celebración de acuerdos adicionales entre un Estado parte y alguno de los entes especializados para adaptar sus previsiones o para extender o limitar sus privilegios e inmunidades (Sección 39).
A lo dicho se agrega que en el "Convenio entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) sobre el Establecimiento de una Misión Residente en Buenos Aires", se prevé, de igual manera, que "El Banco gozará de inmunidad respecto de todo proceso judicial, salvo en los casos que deriven del ejercicio de sus facultades para emitir o garantizar valores o que tengan relación con tal ejercicio..." dejando entendido, no obstante, "... que según lo dispuesto en la Sección 3 del art. VII del convenio constitutivo, no habrá lugar a que se inicie acción alguna por parte del Gobierno de personas que actúen en su nombre o se subroguen en sus derechos..." (v. art. 3°, ap. 2, del Convenio aprobado por ley 24.312).
Para finalizar, debe destacarse que mediante los anteriores instrumentos internacionales se reconocen igualmente a la citada organización privilegios e inmunidades que atañen a sus bienes, archivos y comunicaciones y, en general, a su personal (conf. arts. VII. Sección 4ª a 9ª, del convenio constitutivo; III, Sección 5ª a 9ª, IV a VI y VIII, del convenio aprobado por dec.-ley 7672/63 y 2°, ap. 2, 3°, aps. 1 a 6, y 4 del acuerdo aprobado por ley 24.312).
VIII. Mediante la ley 14.843, por su parte, se aprobó el ingreso de la República Argentina como miembro del Banco Interamericano de Desarrollo y, así también, su instrumento constitutivo, con especial énfasis en la previsión de su art. XI (v. arts. 1°, 2° y 9°). Merece destacarse que el precepto antecitado prevé, a fin de que el organismo pueda cumplir con las funciones que se le encomiendan, la obligación de los Estados miembros de conceder en sus territorios la situación jurídica, las inmunidades y los privilegios establecidos en su texto (Sección 1ª). Precisa, además, que "... Solamente se podrán entablar acciones judiciales contra el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente en los territorios de un país miembro donde el Banco tuviese establecida alguna oficina, o donde hubiese designado agente o apoderado con facultad para aceptar el emplazamiento o la notificación de una demanda judicial o donde hubiese emitido o garantizado valores...". Deja a salvo, no obstante, que "... Los países miembros, las personas que los representen o que deriven de ellos sus derechos, no podrán iniciar ninguna acción judicial contra el Banco. Sin embargo los miembros podrán hacer valer dichos derechos conforme a los procedimientos especiales que se señalen, ya sea en este Convenio, en los reglamentos de la institución o en los contratos que celebren, para dirimir las controversias que puedan surgir entre el Banco y los países miembros..." (conf. Sección 3ª). Finaliza, estableciendo la obligación a cada uno de sus miembros de adoptar -de conformidad con sus respectivos regímenes jurídicos- las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivos en sus territorios los principios enunciados en el artículo, extremo -señala- del que deberán informar al Banco en detalle (Sección 10).
A ello se agrega que el "Convenio para el funcionamiento de la Representación Regional del Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto para la integración de América Latina", establece que el mismo no limita ni menoscaba en modo alguno el alcance de los privilegios e inmunidades reconocidos en el acuerdo constitutivo, así como también, que "...deberá ser interpretado y aplicado en forma favorable para el Banco y su personal, a fin de facilitar el cumplimiento pleno y eficiente de sus objetivos..." (conf. fs. 79/85: v. art. 7°).
Para concluir, debe destacarse que mediante los anteriores instrumentos internacionales se reconocen igualmente a la citada institución, privilegios e inmunidades relativos a sus bienes, archivos y comunicaciones y, en modo general, a su personal (v. art. XI, Sección 3ª a 9ª, del convenio constitutivo del B.I.D. v., además, acuerdo de sede); prerrogativas todas ellas -no es ocioso ponerlo de resalto- que fueron objeto de especial consideración por la ley 14.843 ("Las disposiciones del art. XI del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) tendrán fuerza de ley en todo el territorio de la Nación, de conformidad con la Constitución Nacional" - art. 9°. ley 14.843).
IX. De lo hasta aquí expuesto se desprende -tanto en lo que atañe al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento como al Interamericano de Desarrollo- que los respectivos marcos normativos prevén soluciones, en rigor, diversas, según se trate de reclamos que conciernan a sus integrantes (en estricto, los gobiernos, o personas que actúen en su nombre o se subroguen en sus derechos), o bien, a sujetos ajenos a la anterior enumeración (Ello sin perjuicio de lo que, respecto de una inteligencia general, proceda colegir de las, como se verá, marcadas limitaciones a la demandabilidad de estos entes).
En la primera hipótesis, la preceptiva desautoriza el inicio de acciones (v. arts. VII, Sección 3ª del tratado aprobado por dec.-ley 19.560/56, y 3°, ap. 2, del Convenio aprobado por ley 24.312; y art. XI, Sección 3ª del acuerdo aprobado por ley 14.843), dejándose a salvo que, en caso de discrepancia, los Estados miembros podrán acudir a los procedimientos especiales previstos en los propios convenios, en los reglamentos de las instituciones o en los contratos (v. art. IX del acuerdo constitutivo del B.I.R.F.; art. IX, Sección 32, del tratado aprobado por dec.-ley 7672/63 y art. XIII, Sección 1ª y 2ª del convenio constitutivo del B.I.D.) (En lo que atañe al programa crediticio de autos, v. las constancias de fs. 96, 112/3, 120 y 291).
En la segunda, en cambio, se contempla esa posibilidad, en el marco general, empero, de una inmunidad de jurisdicción que, según mi modo de ver y exceptuado el caso de que se trate de una hipótesis de emisión o de garantía de valores, impone requerir el consentimiento, previo y expreso, de ambas entidades financieras para ser demandadas.
En efecto, lo anterior se desprende de una consideración integral y orgánica de los textos de derecho internacional mediante los cuales se configura la situación jurídica de estas organizaciones y se les reconocen exenciones, inmunidades y privilegios (v. arts. VII, Sección 3ª, del tratado constitutivo del B.I.R.F.; III, Sección 4ª, del convenio aprobado por dec.-ley 7672/63, y 3°, apart. 2, del aprobado por ley 24.312; y arts. XI, Sección 3ª, del convenio aprobado por ley 14.843, y 1°, apart. a, del tratado sede celebrado con el B.I.D.). Ello -aprecio- con el propósito de resguardarlas contra acciones, restricciones y gravámenes que, en general, pudieran entorpecer o dificultar sus objetivos institucionales; inteligencia -debo señalarlo- que se impone aun más de considerarse lo previsto en la Sección 34 del art. X del Convenio sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas, que dispone que las previsiones del citado pacto deben interpretarse tomando en consideración las funciones asignadas a estos organismos intergubernamentales por sus instrumentos constitutivos y, en el caso del B.I.D., el art. 7° del acuerdo de sede, en el que se establece que deberá ser interpretado y aplicado en forma favorable para el Banco y su personal, a fin de facilitar el cumplimiento pleno y eficiente de sus objetivos de orden institucional.
A este respecto debe puntualizarse que, más allá de lo que se sostenga en ocasión de abordar la cuestión relativa a la naturaleza estricta del negocio que da origen a esta disputa, lo cierto es que, puesto que se trata de una operación de índole crediticia cuyas características encuadran en el marco de lo previsto por el art. I -particularmente ítems 2 y 4- del convenio aprobado por el dec.-ley 15.970/56; y art. I, Secciones 1ª y 2ª, del aprobado por ley 14.843, atañe al objeto típico de estas entidades (v. los anexos obrantes a fs. 114 y 261 en los que se describen los objetivos de los programas).
Y es que como señaló el juez Petracchi en el precedente del 5 de febrero de 1998, S.C. M.1109. L.XXIX, "Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima c. Itaipú s/ daños y perjuicios", este "mosaico de creaciones accidentales..." que constituyen las organizaciones internacionales, con inmunidades "altamente específicas y variables..." aparecen muchas veces como resultado de arreglos empíricos que obedecen a necesidades precisas, sin ideas preconcebidas, donde "su estatuto jurídico es más que a menudo 'sui generis', establecido a 'casu ad casum'" y sus deberes y derechos dependen de sus fines y funciones, enunciados o implicados en su acto constitutivo y desarrollados en la práctica (v. consids. 8 y 9).
No enerva la anterior conclusión la circunstancia de que la formulación normativa contemple la posibilidad de iniciar acciones en sede local (art. VII, Sección 3ª, del convenio constitutivo del B.I.R.F. y art. XI, Sección 3ª, del similar atinente al B.I.D.), pues ello -a mi modo de ver- no implica la abdicación inicial de esta inmunidad, sino la indicación del elemento que sustentará la competencia del órgano ante el cual deberá dirigirse la interesada para, llegado el caso, requerir en pos de su pretensión y cursar el emplazamiento o notificación de la pertinente demanda. A lo dicho se añade que la citada disposición limita esa posibilidad a los territorios de un Estado miembro donde tuvieran establecida alguna oficina o donde hubieran designado agente o apoderado "con facultad para aceptar el emplazamiento..." o la notificación de una demanda judicial, con lo que implícitamente se admite la posibilidad de que los organismos puedan -o no- aceptarlo, salvedad hecha de la hipótesis de emisión o garantía de valores (Fallo CNTrab. publicado en LA LEY, 1980-B, 187).
Lo expresado queda particularmente puesto de relieve, en el caso del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en virtud de lo previsto por el art. 3°, ap. 2, del convenio sobre el establecimiento de una misión residente en Buenos Aires, en el que se lee -vuelvo a decirlo- que dicho Banco -en concordancia, anoto, con lo dispuesto por el art. III, Sección 4, del convenio aprobado por dec.-ley 7672/63- gozará de inmunidad respecto de todo proceso judicial, excepción hecha de los casos derivados del ejercicio de sus facultades para emitir o garantizar valores y demás relacionados con tal ejercicio; disposición -a mi entender- congruente con el espectro normativo reseñado, apreciado -vale ponerlo de resalto- conforme a las pautas hermenéuticas anteriormente aludidas.
El anterior desarrollo -a mi juicio- si bien evidencia en modo implícito que el dictamen sitúa el problema en el marco de la segunda de las hipótesis examinadas en los párrafos iniciales de este ítem, no exime -en mi opinión- de explicitar que ello obedece a que de la demanda no se desprende el propósito de la accionante de subrogarse en el ejercicio de eventuales derechos de titularidad de los bancos nacionales demandados, posibilidad -como se dijo- contemplada tanto en la preceptiva concerniente al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como en aquella que se relaciona con el Interamericano de Desarrollo. Ello es así, por cuanto resulta de las constancias de la causa que la pretensión de la reclamante se dirigió derechamente contra las cuatro entidades bancarias en igualdad de condiciones, con la sola precisión -en el caso del Banco de la Provincia del Neuquén- de que habría actuado como un mandatario de los restantes (v. fs. 60/5), extremo que, amén de lo apuntado, adquiere particular relevancia a la luz de lo previsto por el art. 4° del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación y a reiterada jurisprudencia de V.E. en orden a que, a fin de determinar la competencia, debe atenderse de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión y no a lo dicho en materia de contradicción por la demandada (v. Fallos: 306:368; 310:2340; 313:826, etc.). Al limitado marco cognoscitivo que tal circunstancia habilita, debe añadirse que los reproches relativos al tratamiento conferido por el a quo a la defensa de falta de legitimación, no han sido sostenidos mediante las correspondientes presentaciones directas por las interesadas.
Precisado lo que antecede, salta a la vista que, aunque con estrecha vinculación, dos son las cuestiones en debate: a) el alcance de la inmunidad de que gozan las organizaciones en cuestión -particularmente-, a la luz de recientes fallos del Alto Tribunal sobre esta materia; y, b) la eventual privación del derecho de la reclamante a la jurisdicción.
X. En relación con la primera de estas cuestiones, debo señalar que en oportunidad de examinar la causa S.C. D. 73. L.XXXIV, "Duhalde, Mario Alberto c. Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud - Oficina Sanitaria Panamericana s/ accidente ley 9688", dictaminada el 31 de marzo del corriente -a cuyos términos y consideraciones cabe remitir, en lo pertinente, en razón de brevedad- este Ministerio Público tuvo ocasión de pronunciarse sobre extremos -a mi modo de ver- substancialmente análogos a los del "sub lite".
Se sostuvo allí, haciendo alusión al cambio de la orientación jurisprudencial determinado por V.E. en esta materia a partir de "Manauta" (v. Fallos: 317:1880) y reiterado más tarde en otros precedentes, que tal reinterpretación de los alcances de esta prerrogativa, no procede sin más extenderla a estos otros sujetos internacionales, desde que, si en aquel marco se trató finalmente de reinterpretar, a la luz de las modernas prácticas internacionales, un "principio de la ley de las naciones", carente de recepción en un tratado general, en el caso, se trataba de examinar los alcances de una inmunidad de jurisdicción, acordada tanto multilateral como bilateralmente por los órganos competentes del Estado a un ente internacional. Puesto en otros términos y parafraseando el voto del juez Fayt en el precedente de Fallos: 317:1880 (consid. 8°), se precisó en el dictamen que, a diferencia de lo que sucede con los Estados extranjeros, sí existen tratados relativos a la demandabilidad de organizaciones internacionales (V. S.C. S.304, L.XXXIII. "Saravia, G. c. Agencia de Cooperación Internacional del Japón", consid. 7°, del 1 de setiembre de 1998).
En párrafos posteriores, y no obstante poner de resalto que resulta virtualmente imposible la identificación de un correlato general que permita referir a las organizaciones internacionales esta prerrogativa jurisdiccional con el mismo alcance que a los Estados, se destacó que una apreciación de los instrumentos internacionales bajo examen, contraria a este privilegio, entraría en colisión con los postulados de los arts. 75, inc. 22, y 99, inc. 11, de la Constitución Nacional, extremo al que se añadió que el desconocimiento de los principios que rigen las relaciones internacionales no tendría otro desenlace que conducir al aislamiento de nuestro país del concierto de las naciones.
También se sostuvo en esa oportunidad que, más allá de las polémicas suscitadas en torno a las relaciones existentes entre la noción de "inmunidad soberana" como propia de los estados extranjeros y su símil relativa a estos tan diversos sujetos internacionales, lo cierto es que V.E., en el consid. 6° del precedente "supra" citado "Maruba...", ha hecho explícita su opinión según la cual, la distinción entre actos "iure imperii" y actos "iure gestionis", base de la teoría "restringida" en materia de inmunidad de jurisdicción de los Estados, carece de un sentido razonable cuando se consideran los actos realizados por una organización como la accionada (en ese caso, Itaipú Binacional), los que, sin perjuicio de la finalidad pública perseguida por cada uno de los miembros del tratado constitutivo -puntualizó- no constituyen una manifestación inmediata y directa de la soberanía de un Estado.
Por último y luego de traer a colación jurisprudencia de V.E. en orden a que la capacidad de un organismo intergubernamental para tener derechos y obligaciones frente a otros sujetos depende de la voluntad común de los Estados que la han creado -en otros términos: que no goza por su mera existencia derivada del privilegio de inmunidad jurisdiccional (consid. 6° del precedente "Maruba...")- y de hacer hincapié en la índole variable de estos privilegios (aspecto al que ya se aludió en el ítem anterior), se puso el acento en la especial cautela con que corresponde obrar en los casos en que, en mayor o menor medida, se afectan las relaciones internacionales de la República (Fallos: 314:1368), máxime en el marco de la impronta hermenéutica sentada en esta materia por V.E., favorable a aquellas conclusiones más acordes con las presentes exigencias de cooperación, armonización e integración en el orden internacional que nuestra República ha hecho propias (Fallos: 316:1669).
Se citaron -finalmente- las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 -en particular, sus arts. 26 y 27, relativos a la observancia de los acuerdos internacionales- (v. ley 19.865), preceptos a los que cabría agregar aquí sus similares de los arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1986 (v. ley 23.782).
Este conjunto de apreciaciones, merece señalarse, han sido, en lo sustancial, compartidas por el Alto Cuerpo, quien al fallar las actuaciones (sentencia del 31 de agosto del corriente), enfatizó que en razón de los diferentes fundamentos que sustentan el otorgamiento de la excepción de inmunidad de jurisdicción a los Estados y a las organizaciones internacionales, así como a las distintas vías de protección en uno u otro caso, no corresponde extender al segundo supuesto la solución establecida para el primero por la ley 24.488, sobre la base de la evolución del derecho internacional general respecto del principio de inmunidad de los estados (doctrina de Fallos: 317:1880). Ello es así, puntualizó V.E., so consecuencia de modificar unilateralmente, por vía analógica, la inmunidad que tienen estas organizaciones internacionales en virtud de los tratados que obligan a nuestro país, con las posibles consecuencias sancionatorias de la comunidad internacional (v. consid. 15).
Estimo que todo lo anterior viene a cuento tan pronto se considera que la Cámara situó, precisamente, en una particularidad de los estatutos jurídicos de estas dos entidades el fundamento del rechazo a la pretensión de inmunidad jurisdiccional (a saber: que su actuación deriva del ejercicio de sus facultades para emitir o garantizar valores); a lo que añadió -vía su analogización con la situación de los Estados soberanos- las razones del precedente "Manauta..." y lo dispuesto por el art. 2°, inc. c), de la ley 24.488; aspectos los anteriores -reitero- que, siempre desde mi perspectiva, tornan relevantes para estos obrados las conclusiones del dictamen y fallo a que se hicieron referencia.
XI. A propósito de la primera cuestión, se impone observar que, del examen de los instrumentos relativos al Programa Global de Crédito Agropecuario en coparticipación financiera con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial (fs. 87/121 y 245/91) no se desprende evidencia alguna de la asunción de un compromiso de emisión de valores por estas entidades, sea a título de colocación originaria, o bien, en condición de garantía. Resulta de ellos, antes bien -en el limitado ámbito cognoscitivo que es propio de cuestiones como la que se dirime- que ambos organismos supranacionales se limitaron a comprometer sendos préstamos en favor del Banco de la Nación Argentina -en el marco del antecitado Programa Global de Crédito-, requiriendo a estos efectos la garantía del Estado Argentino. Ello autoriza a descartar se trate éste de uno de los casos previstos en los arts. VII, Sección 3ª, del acuerdo constitutivo del Banco Mundial; 3°, ap. 2, del aprobado por ley 24.312 y XI, Sección 3, del tratado sede aprobado por ley 14.843, en cuanto aluden a la facultad de iniciar acciones ante tribunales de jurisdicción competente en los territorios de países miembros donde estos bancos hubieren emitido o garantizado valores (A propósito de una y otra operación, ver los arts. IV, Secciones 1ª y 8ª, del convenio aprobado por dec.-ley 15.970; y III y VII del convenio aprobado por ley 14.843).
A esa circunstancia se agrega que la operatoria descripta encuadra -"prima facie"- en el contexto de las actividades típicas de estas organizaciones financieras, comprendidas -conforme se anticipó- en el marco institucional de sus fines y funciones (arts. I del convenio aprobado por dec.-ley 15.970/56; y I, Secciones 1ª y 2ª, del aprobado por la ley 14.843); extremo que, situados en este plano, remite al dispositivo hermenéutico al que se hiciera referencia en el ítem IX del dictamen, favorable, por cierto, a los privilegios, exenciones e inmunidades de entes como los requeridos en la presente causa (conf. anexos obrantes a fs. 114 y 261).
A lo anterior se añade lo expresado en orden a la naturaleza convencional de estas inmunidades -ya no una mera extensión de privilegios estatales de índole mayormente consuetudinaria a los entes intergubernamentales, sino el resultado de nuevas regulaciones de contenido material (v. Alfred Verdross, "Derecho Internacional Público", p. 514, 6ª edición - Madrid, 1976)-. Y es que, tal como se apuntaba en una publicación sobre el tema, un somero análisis de la práctica internacional permite inferir que los privilegios e inmunidades de los entes internacionales adquirieron un basamento estrictamente convencional; es en un tratado en donde los Estados deciden concederlos y en donde se precisa su alcance o extensión; extremo que, como se precisó en el antecitado "Duhalde...", obsta a su analogización, sin más, con las inmunidades de los Estados y, por extensión, con las soluciones jurisprudenciales y normativas concebidas para ellos.
Sin perjuicio de lo expuesto y para el caso de no compartir el criterio explicitado precedentemente, destaco que, a mi modo de ver, las características y fines de las entidades internacionales codemandadas, así como la índole de la operatoria sobre la que versa la disputa, obstan a la tipificación de esta actividad como un mero accionar comercial o "iure gestionis". Ello es así, con arreglo a lo previsto por los arts. I del convenio aprobado por dec.-ley 15.970/56; y I, Secciones 1 y 2, del aprobado por medio de la ley 14.843, y a lo expuesto en el acápite IX, párrs. 4° y siguientes, de este dictamen (v. en particular, el art. III, Sección 1ª, ítem a, del convenio del B.I.R.F.: "Los recursos y las facilidades que conceda el Banco, deberán ser utilizados exclusivamente en beneficio de los miembros, prestándose atención equitativa a proyectos de fomento y proyectos de reconstrucción..."; y el art. III, Sección 1ª, del convenio constitutivo del B.I.D.: "Los recursos y servicios del Banco se utilizarán únicamente para el cumplimiento del objeto y funciones enumerados en el art. I de este convenio").
En un sentido similar y para la hipótesis de que tampoco se comparta la afirmación que antecede, destaco -en relación con lo previsto por el art. 2°, inc. c), de la ley 24.488- que no obra acreditado en la causa -siempre, como se advirtiera, en el limitado marco cognoscitivo propio de cuestiones como la que se discute- que la "...jurisdicción de los tribunales argentinos..." respecto de los recurrentes haya sido pactada (v. fs. 96, 112/3, 120 y 291) o emerja del derecho internacional, conforme quedó expuesto en los párrafos precedentes. A ese extremo se añade, dado el tenor del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, la diversa jerarquía normativa ostentada por la normativa internacional comprometida en la cuestión objeto de disputa, respecto de la ley 24.488. Como ha precisado V.E., al aludir a la necesaria aplicación en este campo del art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por ley 19.865 ("... Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado..."), ella impone -una vez asegurados los principios de derecho público constitucionales- asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con cualquier norma interna contraria (v. Fallos: 316:1669, consid. 3°).
XII. Reconocida, entonces, la existencia de inmunidad jurisdiccional en favor de estos organismos financieros, corresponde detenerse en la doctrina expuesta por ese tribunal en los precedentes de Fallos: 303:2033; 305:2139, 2150; 314:1368; 316:1669, y el varias veces citado "Duhalde...", entre otros.
Con respecto al punto -y como ya lo puse de relieve, entre otras ocasiones, al emitir dictamen en la causa S.C. B. 656, L.XXXIII, "Bonacic - Kresic, Esteban c. Embajada de la República Federal de Yugoslavia - s/ despido", ítem V, del 28 de diciembre de 1998, y en "Duhalde"-, no puede desconocerse, como V.E. ha reiterado, que en nuestra Constitución existe un verdadero derecho a la jurisdicción. Ese derecho, que integra el de la defensa en juicio, consiste en la posibilidad efectiva de ocurrir ante un órgano competente -judicial, administrativo o arbitral- que permite ejercer todos los actos razonablemente encaminados a una cabal defensa de la persona y sus derechos, sin que pueda hablarse, en rigor, de derecho de defensa ni de debido proceso, sin la presencia de un tribunal que, de conformidad con un procedimiento legal, de cauce a las acciones enderezadas a hacer valer eficazmente los derechos individuales (v. Fallos: 246:87; 305:2150; 311:700, entre otros).
En tal sentido puede decirse que, al sustentar la Constitución Nacional los derechos que plasma en su articulado, da por sentado la existencia de los remedios técnicos necesarios para asegurar a los habitantes de la Nación su goce pleno y efectivo, puesto que de no ser así, ellos importarían declaraciones abstractas sin ningún valor.
Dicha conclusión, según mi entender, resulta respaldada por diversos preceptos de derecho internacional -todos ellos con la jerarquía conferida por el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional- en los que se pone énfasis en la protección efectiva de los derechos y las libertades, como por ejemplo, los arts. 55 de la Carta de las Naciones Unidas; 8° y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2°, incs. 2 y 3, ítems a) y b) y 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2°, ap. 1°, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 8° del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros (consids. 21 y 22 del voto del juez Fayt en Fallos: 317:1880).
En orden a esta cuestión, y repasando el tratamiento que le ha conferido -en cuanto a este punto- V.E. a estos sujetos intergubernamentales, merece destacarse que el criterio determinante para definir si corresponde exceptuarlos parece haber sido hasta aquí -dejado a salvo el reconocimiento de la inmunidad- la circunstancia, precisamente, que se encuentre salvaguardado el derecho que tiene todo reclamante a la jurisdicción. Ello se desprende, al menos, de los ya referenciados precedentes de Fallos: 303:2033; 305:2139, 2150; 314:1368; 316:1669; y de las precitadas "Maruba..." (v. consid. 8°) y "Duhalde...", antes aludidas.
Y es que esta retracción del juzgamiento compulsivo por los tribunales establecida en favor de ciertos organismos internacionales, tanto en la doctrina de V.E. como en las propias normas internacionales, se encuentra condicionada a que el ente en cuestión, provea procedimientos apropiados para la solución, entre otras, de las contiendas "a que den lugar los contratos y otras controversias de derecho privado en las cuales sea parte el organismo especializado..." (conf. art. IX, Sección 31 del convenio aprobado por dec.-ley 7672/63) (En el mismo sentido, Fallos: 305:2150; 316:1669, consid. 4°, y "Duhalde...", consid. 10 y 11).
Caso contrario, el tratado entraría en abierta colisión no sólo con las garantías consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional, sino también, con una norma imperativa de derecho internacional general ("ius cogens") que consagra la justiciabilidad de las controversias de derecho privado, lo que con arreglo a lo previsto por el art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo tornaría nulo "ab initio" (v. Fallos: 305.2150, consid. 9° a 11 del voto de los jueces Gabrielli y Guastavino; consid. 8° de "Maruba..." y consid. 10 de "Duhalde...".
Tal entendimiento -aprecio- se impone pues, como señaló el doctor Enrique Petracchi, entonces Procurador Fiscal ante la Cámara Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal, al dictaminar en la causa "Saier S.R.L. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande", del 8 de junio de 1979, la conclusión en favor de la inmunidad "... no podría conducirnos a establecer que las organizaciones internacionales se hallan sujetas sólo a una jurisdicción metafísica..." (conf. LA LEY, 1979-D, 494); so pena -lo reitero- de incurrir en una hipótesis de privación de justicia y de transgresión del derecho a la jurisdicción y como modo de evitar que no exista otra tutela para el particular eventualmente lesionado que la que pudiera resultar de la buena voluntad y el respeto del derecho por parte de las entidades titulares del privilegio (de los dictámenes del Ministerio Público registrados en Fallos: 305:2139 y 2150).
Adviértase, precisamente, que la existencia de esa vía y la falta de acreditación de que le hubiera estado impedida al recurrente, determinaron la suerte de los agravios en los precedentes registrados en la publicación de Fallos: 303:2033; 314:1368 y en la causa "Duhalde..." ya referenciada; su ausencia, la del de Fallos: 305:2150; y su existencia, la del de Fallos: 316:1669 (En un sentido similar, v. S.C. G.57, L.XXXII, "Ghiorzo, Juan J. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande", del 1 de abril de 1997).
En consecuencia y con arreglo a lo anteriormente expuesto correspondería examinar aquí si existe a disposición de la parte actora, previsto por los organismos financieros en sus estatutos, un procedimiento apropiado para la tramitación de estos reclamos, de modo similar a lo que sucede con los Estados extranjeros en todas aquellas materias en las que son internacionalmente inmunes, respecto de la jurisdicción y trámites de sus propios órganos de justicia (Igualmente, dictamen del doctor Petracchi, antes aludido).
No obstante, aprecio se impone poner nítidamente de relieve que el referido análisis, se encuentra, por cierto, condicionado a que el reclamante alegue y evidencie debidamente la eventual privación de justicia que lo aquejaría en caso de no admitirse la jurisdicción de los tribunales argentinos, o los obstáculos insuperables que, como un correlato de tal situación, le sobrevendrían so consecuencia de que en manera alguna pueda estimárselo agraviado por una solución finalmente favorable a la existencia de la inmunidad jurisdiccional de estos organismos.
Ello es así, toda vez que, en tales circunstancias, debería necesariamente colegirse la falta de interés de la accionante en el punto, en tanto que la ausencia de debido planteamiento de esta cuestión sólo podría atribuirse a su inactividad, o, lo que es lo mismo, a la conducta discrecional del eventualmente interesado en el tratamiento del asunto (conf. doctrina de Fallos: 308:1478; 311:358 y 309:5, voto de los jueces Caballero y Belluscio, entre varios otros), en defecto de lo cual, tornaríase, incluso, inoficioso un pronunciamiento de V.E. sobre el tema (conf. doctrina de Fallos: 310:418, etc.).
Repárese, a ese respecto, siguiendo en el mismo orden de consideraciones, que, conforme a reiterada jurisprudencia de V.E., atañe a los jueces de la causa ponderar circunstanciadamente las constancias del expediente que conducen a la fundamentación de sus conclusiones; mas no así, tratar todas las cuestiones expuestas, ni argumentos desarrollados o pruebas presentadas por las partes (Fallos: 303:135, 335, 1700, 2088; 304:819; 305:537; 307:1121, entre muchos más); de lo que -a mi entender- se sigue, por lógica consecuencia, que muchos menos se encontrarían obligados a tratar las cuestiones que no han sido -siquiera- propuestas y mantenidas debidamente por los interesados.
XIII. En cuanto al punto, debe destacarse, en primer término, que en oportunidad de deducir excepción de incompetencia y alegar inmunidad jurisdiccional, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (v. fs. 134/5) como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (conf. fs. 301/2), invocaron la existencia en el caso de procedimientos alternativos, previstos, precisamente, para zanjar eventuales controversias como la presente en que estuviera reconocida la inmunidad jurisdiccional de estos organismos de derecho internacional.
Frente a tales alegaciones, la reclamante se limitó a esgrimir agravios genéricos orientados a cuestionar la eventual ecuanimidad o imparcialidad de los órganos a cargo de tales procedimientos alternativos y a poner de manifiesto la onerosidad que le significaría intentar servirse de esa vía, sin que en punto alguno de su presentación se alegue o evidencie la inexistencia de la misma o el hallarse en una concreta hipótesis de privación de justicia o en una circunstancia que pudiera estimarse asimilable a la anterior (v. fs. 353).
Esa concreta invocación -no es ocioso recalcarlo- tampoco se evidencia formulada por ante la alzada, pese a la insistencia de las dos organizaciones internacionales en reclamar la inmunidad de jurisdicción, ni, por cierto, en oportunidad de contestar las presentaciones extraordinarias de las apelantes, que tampoco merecieron réplica alguna de parte de la actora, de todo lo cual dan cuenta los proveídos de fs. 398 vta. y fs. 484.
En tales condiciones, correspondería concluir, prevista en la normativa internacional la inmunidad jurisdiccional de ambos organismos financieros y no habiéndose alegado ni evidenciado la inexistencia o insuficiencia de las eventuales vías alternativas con las que -según lo argumentado por las quejosas- contaría el accionante, que la inmunidad de jurisdicción de que gozan el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B.I.R.F.) y el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.), obsta al examen de esta reclamación -en cuanto atañe a dichas entidades internacionales- por los tribunales argentinos.
XIV. Por lo hasta aquí expresado, considero que debe revocarse la sentencia recurrida, en cuanto fue materia de las presentaciones extraordinarias de las apelantes. Buenos Aires, octubre 29 de 1999. - Nicolás E. Becerra.

Buenos Aires, setiembre 14 de 2000.
Considerando: 1. Que contra la sentencia de la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que, al confirmar la resolución de primera instancia, rechazó las excepciones de incompetencia interpuestas por los codemandados Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, ambos organismos internacionales dedujeron sendos recursos extraordinarios (fs. 421/443 y 444/463, respectivamente), que fueron concedidos parcialmente a fs. 485/486.
2. Que, para así decidir, la alzada tuvo en cuenta "los términos del contrato de préstamo en el marco de los acuerdos celebrados entre las partes" y que "la actuación de las instituciones mencionadas derivan del ejercicio de facultades para emitir y garantizar valores y que cuentan en la República Argentina con oficinas permanentes", de lo que derivó que los organismos antes citados no gozaban -en la especie- de la inmunidad de jurisdicción invocada.
Asimismo, fundó su decisión en la doctrina sentada por esta Corte en la causa "Manauta" (Fallos: 317:1880), la que tuvo acogida en la ley 24.488 -de inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos-, que en su art. 2°, inc. c dispone que los Estados extranjeros no podrán invocar la inmunidad de jurisdicción cuando la demanda versare sobre la actividad comercial o industrial llevada a cabo por el Estado extranjero y la jurisdicción de los tribunales argentinos surgiere del contrato invocado o del derecho internacional. Afirmó en este sentido que "los acuerdos celebrados por las partes se enmarcan en una actividad y actos típicamente comerciales y no de gobierno o políticos, por lo tanto la inmunidad pretendida no es procedente" (fs. 413).
3. Que la resolución cuestionada es equiparable a definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48, puesto que por su índole y consecuencias, puede llegar a frustrar el derecho federal invocado, acarreando perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior. Este último criterio resulta aplicable al caso pues tal decisión importa privar a las recurrentes de la inmunidad que alegan (Fallos: 321:2434) en virtud de su calidad de organizaciones internacionales.
4. Que los recursos extraordinarios son formalmente admisibles pues se halla en tela de juicio el reconocimiento del privilegio de inmunidad de jurisdicción de organizaciones internacionales, lo cual entraña la interpretación de normas federales y la decisión ha sido contraria al derecho que, fundado en ellas, aducen las apelantes -art. 14, inc. 3, ley 48- (Fallos: 305:2139, entre otros).
5. Que en cuanto al criterio de hacer extensiva a los organismos internacionales la interpretación restrictiva del derecho de inmunidad de jurisdicción -doctrina de Fallos: 317:1880-, este tribunal ha expresado que la distinción entre actos "iure imperii" y actos "iure gestionis", base de la teoría restringida en materia de inmunidad de jurisdicción de los estados soberanos, no tiene sentido razonable cuando se consideran los actos realizados por una organización internacional, los que, sin perjuicio de la finalidad pública perseguida por cada Estado parte del tratado constitutivo, no conforman una manifestación inmediata y directa de la soberanía de un Estado (Fallos: 321:48).
6. Que, a diferencia de los estados soberanos, la limitación al juzgamiento compulsivo de las organizaciones internacionales, no tiene por fundamento el derecho de gentes, sino la voluntad común de los Estados parte del tratado constitutivo y por ello la entidad goza de dicho privilegio con el alcance definido en el instrumento internacional de creación o, con relación al Estado receptor, en el respectivo acuerdo de sede -conf. causa "Duhalde" (Fallos: 322:1905)-.
7. Que en razón del diferente fundamento que sustenta el otorgamiento de la excepción de inmunidad de jurisdicción a los estados extranjeros soberanos y a las organizaciones internacionales, no corresponde extender al segundo supuesto la solución que el legislador ha dictado para el primero -ley 24.488-, sobre la base de la evolución del derecho internacional general respecto del principio absoluto de inmunidad de los estados (doctrina de Fallos: 317:1880). De otro modo, por vía analógica, se modificaría unilateralmente la inmunidad que tienen las organizaciones internacionales en virtud de los tratados que obligan a la República Argentina, con las posibles consecuencias sancionatorias de la comunidad internacional (causa "Duhalde", antes citada, consid. 15).
8. Que, en particular referencia a las aquí recurrentes, del examen de los respectivos tratados constitutivos y acuerdos de sede, se desprende que por el dec.-ley 15.970/56 se aprobó el ingreso de la República Argentina al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como así también el convenio de creación de dicho organismo (arts. 1° y 2°, ley citada). Con arreglo al mentado convenio constitutivo, se prevé -entre otras finalidades del Banco- el "contribuir a la obra de reconstrucción y fomento en los territorios de miembros, facilitando la inversión de capital para fines productivos..." (art. I, inc. 1), a la vez que dispone que, para cumplir con las funciones encomendadas, "la situación jurídica, las inmunidades y los privilegios establecidos en este artículo, le deberán ser concedidos en los territorios de cada miembro" (art. VII, Sección 1). Concretamente, el tratado contempla que "sólo podrá seguirse acción contra el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente, en los territorios de un miembro donde el Banco tuviere establecida una oficina, en que hubiere designado un apoderado 'con el objeto de aceptar emplazamiento o notificación de demanda judicial', o donde hubiere emitido o garantizado títulos" (art. VII, Sección 3).
Por otra parte, por el dec.-ley 7672/63 la República Argentina aprobó la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por res. 179, del 21 de noviembre de 1947. Entre los organismos especializados alcanzados por la convención, se encuentra el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (art. 1°, decreto-ley citado). La referida convención, en lo específico que nos ocupa, dispone que "los organismos especializados, sus bienes y haberes, cualquiera sea el lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción, salvo en la medida en que 'en algún caso particular hayan renunciado expresamente a esta inmunidad'" (art. III, Sección 4); consagrándose también la inviolabilidad de los locales, bienes, haberes, archivos y documentos de la institución (art. III, Sección 5 y 6). Finalmente, como pauta hermenéutica, la convención establece que sus disposiciones deben ser interpretadas tomando en consideración las funciones asignadas a tal organismo por su instrumento constitutivo (art. X, Sección 34), y que deben entenderse que "no limitarán ni menoscabarán en forma alguna los privilegios e inmunidades que hayan sido concedidos o puedan serlo ulteriormente por un Estado a cualquier organismo especializado por razón del establecimiento de su sede o de oficinas regionales en el territorio de dicho Estado" (art. X, Sección 39).
Precisamente, por la ley 24.312 se aprobó el convenio entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) sobre el establecimiento de una misión residente en Buenos Aires. Además de expresar que la misión residente tendrá derecho a todos los privilegios, inmunidades y exenciones estipulados en el convenio constitutivo del banco y en la convención sobre privilegios e inmunidades de los organismos especializados de las Naciones Unidas (art. 3°, inc. 1), el referido convenio dispone que el banco "gozará de inmunidad respecto de todo proceso judicial, 'salvo en los casos que deriven del ejercicio de sus facultades para emitir o garantizar valores o que tengan relación con tal ejercicio'" (art. 3°, inc. 2).
9. Que, en relación al Banco Interamericano de Desarrollo, mediante la ley 14.843 se aprobó el ingreso de la República Argentina como miembro de ese organismo y el respectivo convenio constitutivo (arts. 1° y 2°). En este instrumento se prevé que "para el cumplimiento de su objetivo y la realización de las funciones que se le confieren, el Banco gozará, en el territorio de cada uno de los países miembros, de la situación jurídica, inmunidades, exenciones y privilegios que en este artículo se establecen" (art. XI, Sección 1), agregándose que "solamente se podrán entablar acciones judiciales contra el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente en los territorios de un país miembro donde el Banco tuviese establecida alguna oficina, o donde hubiese designado agente o apoderado 'con facultad para aceptar el emplazamiento o la notificación de una demanda judicial', o donde se hubiese emitido o garantizado valores" (art. XI, Sección 3), consagrándose también la inmunidad de los bienes, demás activos (Sección 4) y archivos (Sección 5) de la institución.
A ello se suma lo estipulado en el convenio para el funcionamiento en Buenos Aires de una representación regional del Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto para la Integración de América Latina (cuyo texto obra a fs. 79/85), que mantiene en términos análogos las inmunidades establecidas en el convenio constitutivo, el que según se prescribe "deberá ser interpretado y aplicado en forma favorable para el Banco y su personal, a fin de facilitar el cumplimiento pleno y eficiente de sus objetivos" (art. 7°).
10. Que al denegar como lo hizo la inmunidad de jurisdicción alegada por los recurrentes -que reconocía fundamento en diferentes fuentes normativas-, el a quo efectuó un tratamiento generalizado de la cuestión, omitiendo así una consideración particularizada en función de cada organismo internacional, a la luz de los convenios internacionales y bilaterales que específicamente regían su situación. Así, por un lado, la dogmática consideración de la alzada tuvo en cuenta que ambas instituciones contaban con "oficinas permanentes" en la República Argentina, circunstancia por sí misma irrelevante para desvirtuar la inmunidad de jurisdicción que las amparaba, según la normativa reseñada "ut supra". Ello es así pues la previsión del art. VII, Sección 3, del Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y del art. XI, Sección 3, del Convenio que crea el Banco Interamericano de Desarrollo, en modo alguno puede ser interpretada como una excepción a la inmunidad sentada como principio -que equivaldría a su práctica derogación en el ámbito de todos los países miembros donde existiese una oficina-, máxime cuando las normas citadas aluden expresamente a la facultad del representante local para "aceptar" el emplazamiento o demanda judicial, lo que se traduce en un acto de renuncia expresa a la inmunidad y el voluntario sometimiento a la potestad jurisdiccional del Estado receptor.
11. Que, en otro aspecto, la resolución apelada hace mérito de que "la actuación de las instituciones mencionadas derivan del ejercicio de facultades para emitir o garantizar valores". Dicho argumento -que sería exclusivamente aplicable respecto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (conf. art. 3°, inc. 2, ley 24.312)-, sólo se sostiene en la voluntad del tribunal, que no justificó en modo alguno el encuadramiento de la operación original en la categoría prevista en el art. IV, Sección 8ª, del convenio constitutivo, ello especialmente cuando -en manifiesta contradicción- el contrato celebrado había sido calificado como "préstamo" por el mismo juzgador.
12. Que, por último, la cuestión vinculada con la supuesta denegación del acceso a la jurisdicción de la actora (introducida por esta parte a fs. 353 vta./354 y 361 vta./ 362) no fue mantenida ante la alzada -al no contestar los agravios de los codemandados que demandaban la inmunidad-, ni ante esta instancia -donde tampoco se efectuó el responde de los remedios federales- por lo que, al considerarse abandonada por la parte interesada, no puede ser objeto de tratamiento por esta Corte (Fallos: 319:1552).
13. Que, aun cuando se entendiera que corresponde tratar dicha cuestión, es forzoso concluir que los planteos que efectuó la actora en primera instancia sobre el procedimiento alternativo para solucionar controversias resultan manifiestamente insuficientes para justificar que en la especie se configure un supuesto de privación de justicia. Ello es así, por cuanto se limitó a formular consideraciones genéricas sobre la eventual imparcialidad del Tribunal Arbitral y la onerosidad que significaría ocurrir ante él.
Por ello, y habiendo dictaminado el Procurador General, se hace lugar a los recursos extraordinarios, se revoca la sentencia apelada y se admite el privilegio de inmunidad de jurisdicción que ampara a los recurrentes. Costas por su orden en atención a la dificultad jurídica que plantea la cuestión. - Julio S. Nazareno. - Eduardo Moliné O'Connor. - Carlos S. Fayt. - Augusto C. Belluscio. - Enrique S. Petracchi (según su voto). - Antonio Boggiano. - Guillermo A. F. López. - Adolfo R. Vázquez.
Voto del doctor Petracchi:
Considerando: Que esta Corte comparte y hace suyas las razones expuestas por el señor Procurador General de la Nación en su dictamen, a las que cabe remitirse en razón de brevedad.
Por ello, se declaran procedentes los recursos extraordinarios, se revoca la sentencia apelada y se admite la inmunidad de jurisdicción invocada por los recurrentes. Costas por su orden en atención a la dificultad jurídica que plantea la cuestión. - Enrique S. Petracchi.






JURISPRUDENCIA PREMIUM:

Via Procesal
Jurisdicción y competencia: Por apelación extraordinaria
Tipo de recurso: Extraordinario federal
Tipo de acción: Juicio ordinario

Control de Constitucionalidad
Art. 14, ley 48

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